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Indígenas colombianos recuperan territorio ancestral

25 Mayo 2013 - 9:00 pm


En Dibulla, La GuajiraLos Koguis vuelven al mar

Por primera vez en Colombia un pueblo indígena compra y recupera un sitio sagrado que le perteneció antes de la llegada de los españoles.

Por: Mariana Escobar Roldán

 

Indígenas koguis en el mar, antes de la ceremonia de pagamento, celebrada el 5 de mayo, por el sitio sagrado que recuperaron. / Cortesía Ricardo Rey

Hace cinco siglos, antes de que los españoles hicieran del Caribe su ruta a las Indias, gran parte de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta vivían a orillas del océano, emprendían largas travesías en busca de pescado y recolectaban caracuchas, similares al caracol, que consumían trituradas y mezcladas con hojas de coca para pensar y comunicarse mejor.“El mar era la madre”, dice el mito de creación de los koguis. Sin embargo, según cuenta Alessandro Martínez, del grupo de arqueología del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con la llegada de los “bárbaros” muchos indígenas fueron sometidos y esclavizados hasta desaparecer, y los que sobrevivieron buscaron refugio en la montaña litoral más alta del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde el clima y las pendientes detuvieron a los españoles en su empresa conquistadora.Allá han vivido por décadas koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, cuatro pueblos que cambiaron la pesca por la agricultura y terminaron adaptándose a una vida lejos del mar. Sin embargo, con las olas dejaron buena parte de sus sitios sagrados, “donde los mamos (sus máximas autoridades) se concentran, traen las ideas, la fuerza para gobernar, cuidan el equilibrio entre hombre y naturaleza e impiden tanta catástrofe”, según comenta José de los Santos Sauna, cabildo gobernador de los koguis.Indignada con esta historia de desarraigo, el 27 de junio de 2005, durante una actividad organizada por los indígenas en el Festival de Poesía de Medellín, Natalia Hoyos, una joven de Manizales, dijo haber recibido un llamado: entregarles a los koguis una tierra de propiedad de su padre, sobre la Línea Negra, que, de acuerdo con el antropólogo Pablo Mora, tiene la mayor concentración de sitios sagrados y carga con las peores amenazas del turismo, el comercio, la infraestructura y la explotación agrícola.“Recorreré todo el camino para hacer posible que estas tierras vuelvan a sus guardianes originales”, escribió Hoyos en una carta que envió a los mamos de la Sierra en 2011 y cuyas palabras terminarían por cumplirse, porque si bien tardó meses convenciendo a su familia y hubiera querido entregar sin prebendas lo que siempre fue de los koguis, su padre accedió a vender a los indígenas cada hectárea por $15’000.000, una suma irrisoria comparada con los cerca de $70’000.000 que cuesta la hectárea en la zona.El problema llegó cuando empezó la búsqueda de recursos. “Tocamos muchas puertas, pero nadie entendía que se trataba de algo histórico, del primer sitio sagrado que compraría y recuperaría una comunidad de indígenas en Colombia, y tal vez en América Latina y el mundo”, recuerda Juana Londoño, miembro de la Fundación Pro-Sierra, que apoya la conservación y recuperación natural del territorio.Tras el no de empresas, oficinas del Estado y benefactores, ocurrió la “magia”, como llama Londoño al desenlace de aquella lucha: el Ministerio de Cultura entregó $850’000.000; la organización ACT (Amazon Conservation Team), $540’000.000, y los indígenas, $480’000.000.A 800 metros de la desembocadura del río Jerez, en Dibulla, La Guajira, volvió a manos de los koguis el sitio llamado Jaba Tañiwashkaka, 1.300 metros de playa y 155 hectáreas de tierra sin carreteras donde anidan las tan amenazadas tortugas icoteas y el mar es tan sereno como sus nuevos propietarios.En la zona abundan las caracuchas, por las cuales los indígenas deben pagar entre $15.000 y $20.000 en Riohacha, si quieren conservar su tradición del poporeo, acción de mascar hojas de ayo o de coca mezcladas con cal y que, según su cultura, con el pasar de los años les permite llegar a su fin último: la sabiduría.No hay duda de la importancia que tiene esta nueva figura de protección para un sitio sagrado: las comunidades se apropian y aseguran con recursos propios su futuro. Incluso, recientemente, Jaba Tañiwashkaka fue declarado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional; por lo que dice Juan Mayr, exministro de Medio Ambiente que participó en el proceso, se trata de un precedente para que minorías de todo el país blinden sus territorios contra el daño ecológico que deja la intervención “arrasadora” de empresas petroleras, mineras y turísticas. Juana Londoño, por su parte, expresa que “este es el ejemplo de que los koguis ya están en el mar y que para defender la tierra no hay que mancharse de sangre”.El 5 de mayo, la comunidad realizó allí una ceremonia de pagamento para dar “gracias” por el sitio al que retornaron y que utilizarán para sus rituales. Ofrecieron plumas de guacamaya azul, caracoles, cuarzos y otras piedras, mientras el mamo José Gabriel Alímaco, emocionado, decía: “Se cumple el sueño que tenía desde que era un niño de recoger la primera caracucha, la primera semilla en la Línea Negra, en nuestro territorio ancestral”.Por: Mariana Escobar Roldán


http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-424151-los-koguis-vuelven-al-mar

Las tutelas se tiraron el negocio


14 mayo 2013

Robledo: “Las tutelas se tiraron el negocio”.Por Luisa Ramírez G.

NACIÓNAL El senador Jorge Robledo afirma que la reforma del gobierno atenta contra el derecho a la salud.


Todavía no se ve la luz al final del túnel en materia de salud para los colombianos. Así lo afirma el senador Jorge Robledo quien se ha constituido en uno de los grandes opositores de la reforma al sistema de salud que propone el gobierno Santos.
Para el legislador la salud del país se seguirá tratando como un negocio si la iniciativa es aprobada y cuestiona que los recursos del sector pasen a manos de los nuevos gestores, lo cual les permitiría evadir la acción de los organismos de control.
Semana.com: El ministro de salud dijo que la crisis que sufre el sistema de salud es financiera, ¿está de acuerdo?
Jorge Robledo: Gaviria se equivoca. Sí hay una crisis en la salud y es tan grave como la financiera. La idea del neoliberalismo es que todo debe producir ganancias y este es un negocio para los intermediarios, sin embargo, en Canadá no hay ganancias para los que administran, sólo cobran los costos que genera el sistema.
Semana.com: ¿La reforma acabará con las Empresas Sociales del Estado (EPS)?
J. R.: Es una falsedad cuando (Juan Manuel) Santos dice que va a acabar con las EPS. El fin es engatusar a los colombianos porque sabe que las detestan, pero la reforma solo les cambiará el nombre. (Alejandro) Gaviria reconoce que la intermediación financiera continuará aun con la reforma. El problema no radica en el nombre sino en lo que hacen: cobran la administración de los recursos, es decir el sueldo de los gerentes, los oficinistas, etc. y, además, tienen unas ganancias por administrar esos dineros, esa es la intermediación.
Semana.com: ¿Qué pasará con los sobrecostos que asume el sistema, por ejemplo, los medicamentos caros, etc.?
J. R.: No veo que la reforma resuelva nada. Los de disminuir los precios de los medicamentos lo estoy oyendo desde hace muchos años, pero la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (AFIDRO) amenazó al gobierno cuando este intentó ponerles un tope.
Semana.com: La mayoría de las tutelas en salud son por procedimientos que están en el POS. ¿Qué pasará con la reforma?
J. R.: Tengo muchos documentos que prueban que este gobierno está en contra de la tutela. Así lo afirmó el ministro de hacienda quien dijo que el propósito de la reforma era acabar con ella. Además, Roy Barreras presentó un proyecto el año pasado en contra de este mecanismo. La reforma no dice que (la tutela) se acaba, ellos no son bobos, pero fortalece la medicina prepagada y las aseguradoras recortando los derechos de los ciudadanos.
Semana.com: ¿Es decir que el acceso a los procedimientos y medicamentos estará limitado?
J. R.: En la reforma la salud aparece como un derecho público, no como fundamental, además los médicos tienen una autonomía restringida y eso atenta contra los derechos de los pacientes. El POS no se acaba sino que se vuelve “MiPlan”. Ese plan, que sigue siendo restringido, fortalece las prepagadas y las compañías de seguros porque empuja a los que tenemos más recursos a acceder a ellas.
Semana.com: ¿Entonces la reforma es vulnerable a la corrupción?
J. R.: Aun si no hubiera corrupción, las EPS harán lo posible para generar más ganancias ahorrando en personal médico y recursos. Por eso es que al terminar el año los gerentes no hablan de cuántos pacientes curaron sino de las ganancias que tuvieron. 
Semana.com: Algunos actores ilegales recibían ganancias del sistema como en el caso de Solsalud. ¿Qué cree que pasará en este aspecto con la reforma?
J. R.: La contralora demostró que las EPS convertían los recursos públicos en privados y las acusó de robo. Con la reforma, cuando los recursos lleguen a las aseguradoras, estos se volverán privados. (La contralora) dice que si se aprueba la ley, se caerán los procesos penales contra los que se robaron los dineros de la salud.
Semana.com: ¿Por qué dice que Alejandro Gaviria debería declararse impedido?
J. R.: Porque cuando fue nombrado ministro estaba en la junta directiva de Bancolombia que es parte del sindicato antioqueño y este a su vez es dueño de Sura EPS. ¿Usted cree que a Bancolombia le es indiferente cómo le vaya a Sura? No me crea bobo. Además, cuando lo nombraron ministro, su esposa era vicepresidenta de Fasecolda, el gremio de las compañías de seguros.
Semana.com: ¿Qué pasará con la crisis de recobros que sufre el sistema actual con “SaludMía”, figura que cumpliría las funciones del Fosyga, mejorará?
J. R.: Eso depende de lo que hagan con la tutela, si la desbaratan los recobros bajarán. Gillermo Perry, gurú del neoliberalismo, dice que las tutelas se tiraron el negocio. Es que le están dando demasiadas cosas a la gente. Este mecanismo amplió el POS al crear el “no POS” el cual le permite a la gente acceder a cosas que no están en el plan. Cuando Gaviria dice que la crisis es un problema financiero, lo que quiere decir es que “se tiraron el negocio”.
Semana.com: ¿Entonces cuál es la solución?
J. R.: La norma que se necesita debe derogar la ley 100. El semestre pasado el Polo y otros sectores presentamos un proyecto para que no haya intermediación de los recursos.  Las EPS deben desaparecer. La ley actual dice que el sistema no es para la salud sino para el negocio financiero con la salud de los colombianos. Cada centavo que hace una EPS, o como sea que se llame, es menos salud para la gente. La administración de los recursos se paga sin problema, pero las EPS no deben existir.

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/robledo-las-tutelas-tiraron-negocio/343231-3

La gentrificación en Cartagena

La gentrificación en Cartagena

Tras finalizar el proyecto “Memorias de la libertad”, del Ministerio de Cultura, el antropólogo Patrick Morales se pregunta por el futuro de los habitantes del barrio Getsemaní. Arcadia lo entrevistó.

Por: Redacción Arcadia Bogotá

Publicado el: 2013-02-19

La mayoría de nosotros no sabe qué quiere decir “gentrificación”. ¿Podría explicarnos el vocablo?
Claro. Fue utilizado por primera vez en inglés. Gentrification viene de gentry, que designa la nobleza menor y a los terratenientes acaudalados en Inglaterra, y fue acuñada por primera vez por la socióloga británica Ruth Glass en 1964. Glass empezó a usar la palabra para designar los fenómenos de desplazamiento de una población original en un sector, por ejemplo en los centros históricos, a favor de otra población que no es originaria de este lugar, de una clase socioeconómica normalmente mucho más alta y que tiene una visión y una manera diferente de aprehender la ciudad. Es básicamente lo que se conoce como el fenómeno de gentrificación: el desplazamiento de una población original por parte de otra. A veces se ha traducido como “aburguesamiento” o “elitización”.
Esa población original suele ser una minoritaria, económicamente vulnerable…
Hay dos tipos de gentrificación: los centros históricos en algunas ciudades europeas eran sectores habitados por obreros, mano de obra industrial, que con el proceso de desindustrialización fue abandonando los centros históricos, que fueron deteriorándose. Este deterioro arquitectónico evidente hizo que ciertas políticas públicas –en asocio con intereses privados–, quisieran renovar estos centros históricos y traer nueva población. Este es el caso en sectores obreros abandonados, viejos puertos, sectores industriales marginalizados… En Colombia la gentrificación designa lugares con intereses relacionados con el turismo, el patrimonio y la cultura. En el caso colombiano la población original no se ha ido del barrio. Y los barrios no están necesariamente marginalizados aunque sí tienen condiciones de vida difíciles por el abandono del Estado. Esa población empieza a ser desplazada por nuevos pobladores que vienen atraídos por este tipo de circuitos culturales de la mano del capital económico, de las imágenes culturales que se van construyendo alrededor de áreas con interés patrimonial.


¿Cuáles serían los ejemplos más evidentes de gentrificación?
Obviamente el caso emblemático es el de Cartagena. De la mano de la declaratoria por parte de la Unesco del centro histórico de Cartagena como patrimonio mundial en 1984, viene un proceso de renovación urbana y gentrificación. El proceso de renovación urbana es parte de la dinámica misma de la ciudad, la gentrificación en cambio hay que entenderla –y este es un punto importante–, como un proceso deliberado y planificado por parte de agentes ya sean estatales, públicos o privados que están buscando generar un aumento del valor del suelo y una ganancia económica. En Cartagena fue un proceso deliberado de la mano del lenguaje cultural internacional patrimonial de la Unesco, que convirtió a la ciudad en un polo de inmigración para élites colombianas e internacionales.
Pero esas personas que tienen dinero y que vienen de Bogotá, por ejemplo, simplemente están comprando una casa bonita en un centro histórico y no se imaginan lo que hay detrás de esa decisión de compra. En ese sentido, decir “deliberado” parece algo fuerte.
Hay que entender que desde lo institucional se crean políticas de renovación de centros históricos como una manera de recuperar áreas que, es verdad, están deterioradas. Estas políticas de recuperación van de la mano de una construcción de equipamientos culturales que hacen interesante esa área. En los casos clásicos de gentrificación de Florencia, Bilbao o Barcelona las alcaldías buscan recuperar los centros marginados o deteriorados para poder cobrar más impuestos. Estos procesos de recuperación, sobre todo en Europa, incluyen construcción de museos. Bilbao con su Guggenheim es un claro ejemplo. Aparecen también restaurantes y bares a los cuales no tiene acceso la población original porque son caros y no están dirigidos a ellos. El precio del suelo se dispara y comienza la especulación inmobiliaria. Estos planes culturales no son maléficos, son planes que buscan desmarginalizar y eso suena a progreso. Pero lo que hacen en realidad es construir un entorno al cual no tiene acceso la población allí asentada. Además, lo habitual es no escuchar las demandas de estos pobladores que claman por otro tipo de servicios alternos que mejoren su calidad de vida: estoy hablando de centros de salud, parques, espacios públicos más grandes, colegios para la gente que está viviendo allí. El plan lo que hace es pensar en las necesidades de quienes van a asentarse allí: normalmente una clase media, media alta o intelectual, que han llamado “los nuevos exploradores bohemios”.


¿Pero los habitantes originales no se benefician de esa subida de precios?
Esas negociaciones se hacen con base en especulaciones, es decir, antes de que el precio suba. Lo que saben los inmobiliarios es cuánto va a subir. El negocio se hace por precios muchísimos más bajos. Los habitantes originales fueron expulsados del centro histórico con pocos recursos y terminaron en los barrios marginales, en el Cerro de La Popa, en la periferia de Cartagena.


¿El caso del barrio Getsemaní será igual al del centro histórico?
El barrio Getsemaní tiene otro tipo de población, descendiente de esclavos, con una influencia sirio-libanesa y judía posterior. Esta población de Getsemaní tiene un arraigo muy fuerte con su territorio y con el puerto. Un cambio implica una sacudida brutal en su identidad. Allí hay un arraigo que yo no había visto en otros centros históricos. Es una población que vive de su interacción con el territorio, con lazos sociales muy sutiles; eso los distingue y los caracteriza identitariamente.


¿Cuántas personas viven allí?
Estamos hablando ahora de seis mil quinientas personas.
¿Qué tan marcado es el proceso de gentrificación?
¡Total! Hace más o menos veinte años está pasando en Getsemaní. Queda apenas el 24 por ciento de la población local. Hay solamente cuatro o cinco calles de Getsemaní que tienen habitantes locales. Getsemaní está en un proceso muy marcado de gentrificación y es probable que en cinco años tenga unas características muy similares a San Diego.


El proyecto que usted lideró, “Memorias de la libertad” buscó visibilizar este proceso…
Es que el proceso de gentrificación no se conoce. Nadie sabe lo que está en juego. En Getsemaní hay una comunidad que quiere quedarse, que está peleando para quedarse; que se autodenomina raizal y tiene un arraigo muy fuerte. Y quiere visibilizar ante el país el problema de la exclusión de centros históricos.
Pero en el mundo capitalista la plata manda. ¿Qué puede hacer el Estado, más allá de visibilizar por medio de su proyecto, para evitar el proceso de gentrificación?
El Estado debe intervenir, debe regular lo que está sucediendo. La declaratoria de Cartagena como patrimonio mundial se hizo con base también en la memoria viva, y la única memoria viva se está convirtiendo en memoria turística. Hay un deber del Estado precisamente porque es patrimonio mundial; hay que proteger la vida barrial de Getsemaní.


¿Pero cómo?
Los centros históricos están regulados por Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Son planes de gestión de los centros históricos. Estos planes deberían dar herramientas más contundentes para la protección de la vida barrial y la permanencia de los habitantes locales, y no lo están haciendo. Claro que es difícil regular el mercado pero el Estado debe proponer herramientas de regulación del precio del suelo. Puede congelarlo por cierto tiempo para evitar la especulación, dar créditos blandos a quienes se quieren quedar y quieren cuidar y arreglar su casa. Cuando a un habitante de Getsemaní se le daña el techo, el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena le dice “usted no puede poner teja de zinc; tiene que ser teja colonial, que cuesta el triple”. Ahí es cuando se necesitan créditos blandos para la construcción. Hay que crear servicios para la gente, centros de salud para la población, parques; el parque Centenario, que es el lugar para getsemanisenses, está cerrado hace dos años. Porque no se trata de congelar una población que ya ha recibido migraciones globalizadas desde hace muchos años; el getsemanisense no quiere necesariamente ir contra el turismo; se puede aprovechar el turismo pero ni los planes especiales de manejo y protección ni las iniciativas turísticas toman en serio el trabajo de la comunidad para estructurar estos planes.


¿Entonces un hotel como el que piensa construir la familia Santo Domingo en el Claustro de San Francisco atenta contra esa vida barrial?
Sí, sin duda sería un hotel de grandes dimensiones hasta donde se sabe, que no es mucho. Fíjese en una edificación vecina: el Centro de Convenciones. La gente de Getsemaní tenía una profunda relación con el puerto, y hoy su acceso tradicional le fue vedado ilegalmente, cerrado por el Centro de Convenciones.


¿Ilegalmente por qué?
¡Eso es espacio público! El parqueadero del Centro de Convenciones es espacio público y los getsemanisenses ya no pueden llegar ahí porque hay una reja.


Sobre el tema, se dice que son los mismos políticos quienes a sabiendas de que se va a hacer una inversión en infraestructura empiezan a comprar. Es conocido el caso de Francisco Santos y el centro histórico de Santa Marta.

He oído hablar del caso de Francisco Santos con relación al centro histórico de Santa Marta pero es algo que no se puede comprobar. El centro histórico de Santa Marta se hizo con un préstamo que el Ministerio de Cultura lideró con el ente territorial de Santa Marta. Esos planes se anuncian y hay políticos que saben lo que va a pasar y empiezan a comprar. Ahora el precio del suelo de Santa Marta se multiplicó en esa área central intervenida con un crédito del BID. Es paradójico cómo el Estado invierte recursos públicos que en últimas benefician es a los privados que logran comprar y especular alrededor del suelo. En Cartagena hace tres meses inauguraron tres plazas en el sector de La Matuna: se expulsaron a los vendedores ambulantes y se renovaron esos espacios públicos. La idea es conectar la ciudad amurallada con Getsemaní y la dinámica de la gentrificación es presionar el único suelo que queda más o menos asequible, que es Getsemaní. Uno ve cómo las políticas públicas invierten recursos en la lógica de la gentrificación. Los turistas ahora pueden pasar de la Puerta del Reloj a Getsemaní por espacios más higienizados.


Es deber del Ministerio de Cultura invertir en la renovación de esos centros históricos. Pero por lo que usted dice, pareciera que la inversión en patrimonio material acaba estando en contra del patrimonio inmaterial.
Exactamente esa es la paradoja. 


¿Cómo puede evitarse eso?
En estos planes especiales de manejo y protección la idea de “participación comunitaria” se limita a informar a la comunidad. Los planes son hechos por arquitectos expertos, pero no toman en cuenta a los habitantes. Uno de los retos del Ministerio de Cultura es tomar en serio estos códigos culturales, estas maneras de habitar y las identidades de la gente que vive allí. ¿Cómo no tomar en serio la visión de quienes llevan trescientos años, en el caso de Getsemaní, relacionándose con su territorio? Además, hay que estar atentos porque después de Cartagena viene Barichara, y luego San Gil, y vienen los cuarenta y cuatro centros históricos del país. Esto es un llamado a que haya voluntad política y creatividad en los instrumentos de planeamiento para evitar este proceso de gentrificación.


¿El Ministerio decide cuándo aplicar un plan de manejo y protección?
Le pongo un ejemplo interesante: en los años setenta hubo un proyecto del Banco Central Hipotecario para tumbar Getsemaní. Ese estudio hecho por un arquitecto reconocido, Germán Téllez, decía que Getsemaní no tenía las condiciones para ser un lugar de preservación del patrimonio. ¿Qué pasó en estos treinta años para que todo cambiara? La respuesta es una operación semántica que se hace: crear una imagen de ciudad para los turistas, una imagen que simplifica para que sea entendida por mucha gente. La “marca Getsemaní” impulsada por la exalcaldesa Judith Pinedo, entre otros, propone proyectos turísticos que sin duda pueden ser bien intencionados pero que en últimas afianzan esta imagen que vende una ciudad turística. Eso hace que uno no se tenga que enfrentar con la alteridad real sino con una inventada, que se limita a la imagen de una viejita en una mecedora.


La conclusión parecería ser que importa más una casa que un hombre…
Mire, Getsemaní fue uno de los centros de la gesta independentista y es muy interesante cómo muchas iniciativas turísticas buscan visibilizar esos antiguos héroes de la Independencia pero no toman en cuenta a sus descendientes. Como si lo importante fuera la historia pero no los habitantes. Lo mismo ha pasado con los indígenas. Estudiamos la cultura muisca, por ejemplo, pero no somos capaces de aceptar que los indígenas de hoy son sus descendientes. Eso es lo que nos llama a reflexión.

http://www.revistaarcadia.com/impresa/antropologia/articulo/el-desalojo-neoliberal/31176

El fin de las redes sociales ante la agotada adicción

23 febrero 2013

El fin de las redes sociales ante la agotada adicción

Por Álvaro Montes

INTERNET

La frenética adicción de los usuarios de Facebook empieza a mostrar síntomas de agotamiento.

Hace un par de semanas Rachel Bair, una quinceañera de Boston, le propuso a su padre desactivar su cuenta en Facebook y dedicarse con más juicio a las tareas escolares a cambio de 200 dólares. Y lo hizo realidad firmando un simpático contrato que fue noticia mundial. No es una anécdota aislada. Una encuesta de la consultora Pew Research –publicada en enero– encontró que el 61 por ciento de los usuarios de Facebook se ha tomado un descanso, a veces de muchas semanas, en la utilización de la red social, y que el 27 por ciento asegura que este año dedicaría menos tiempo a Facebook y más tiempo a actividades útiles. La mayoría argumentó estar hartos de leer “comentarios estúpidos”. 
Justo cuando el número de usuarios registrados en Facebook supera ya la cifra de mil millones, parece una locura prehistórica levantar una voz contra la web 2.0, pero es lo que han hecho precisamente el científico británico Trevor Baylis –quien dijo hace poco que la generación Google está produciendo niños descerebrados– y el intelectual italiano Umberto Eco –quien sostuvo en una entrevista reciente que “el exceso de información provoca amnesia” y ratificó lo que la gran mayoría de profesores de secundaria están diciendo: “A largo plazo, el resultado pedagógico será dramático”–. No se puede acusar a Eco de antediluviano ni de tecnófobo. El hombre que proclamó el reinado del libro impreso en los tiempos de la era electrónica admitió que utiliza el iPad como biblioteca digital. “Empecé a leer con el aparato ese y no me pareció tan malo. De hecho, me encantó”, dijo en una entrevista publicada por la revista brasileña Época.
Muy lejos de las preocupaciones pedagógicas, otro grupo importante de seres humanos empieza a darle la espalda a Facebook: los corredores de bolsa. Desde su salida al mercado bursátil, en mayo del año pasado, la empresa ha perdido más del 25 por ciento de su valor. No se necesita ser un genio de las finanzas para saber que una empresa que factura 3.700 millones de dólares no puede valer 100.000 millones. La extrema sobrevaloración que el mercado bursátil confirió a Facebook sobrepasa con creces a la llamada burbuja de internet, la ola especulativa ocurrida en 2000, que terminó como era de esperarse muy mal. Con unos costos operativos que superan hasta cuatro veces los ingresos, los pronósticos indican que el valor de la acción continuará cayendo, como le ocurrió a Groupon, a LinkedIn, a Zynga y otras empresas de la web 2.0 que creyeron que basta una masa enorme de usuarios para hacer negocios en internet.
Un recorrido aleatorio por la red de Mark Zuckerberg ofrece evidencias por montones de lo que señaló el ciberactivista español David de Ugarte: que las redes sociales son cada vez más sistemas para seguir a otros y menos para discutir, intercambiar y generar conocimiento, como se supone que ocurriría en la ‘sociedad del conocimiento’. Por supuesto, se habla aquí de las redes sociales comerciales, esas que la maquinaria de Wall Street y los medios norteamericanos han querido vender como el único futuro posible de internet. Facebook y Twitter son de preferencia utilizados para seguir pasivamente a los líderes de los nodos de esa enorme red. Esos líderes son las estrellas de la música, el espectáculo y las marcas de consumo. Y lo que el usuario promedio hace en favor de sí mismo es también promocionarse como marca. “Subiendo al avión”; “Comiendo en el nuevo restaurante de Leonor Espinosa”. Es de este tipo de cosas que el 61 por ciento de los encuestados por Pew Research dijo estar cansado.


http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/el-fin-redes-sociales-ante-agotada-adiccion/334397-3

ONU: Colombia tiene mala nota en DD. HH.

22 febrero 2013

ONU: Colombia tiene mala nota en DD. HH.


INFORME

Un informe denuncia que hay graves problemas de derechos humanos que se niegan o no se resuelven.

Autor: Archivo SEMANAEsta fotografía es de un posible 'falso positivo' que ocurrió en Urabá.La respuesta inadecuada a los falsos positivos, la reforma constitucional de la jurisdicción militar y el impacto de las guerrillas sobre la población civil son los problemas de Colombia que más preocupan a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como se reveló en el informe anual de 2012.

La Alta Comisionada considera que son muy pocos los responsables de los denominados ‘falsos positivos’ que han sido retirados de sus cargos o procesados. “De todas las investigaciones de homicidios, sólo hay procesos activos conocidos en un 30% de ellas”, detalla el informe.
En cuanto al fuero militar, asegura que esta reforma constitucional vulnera la separación básica de los poderes: “Es muy preocupante que la reforma constitucional pueda también llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General, en particular las relativas a los presuntos falsos positivos. Esta situación supondría una grave violación del derecho al juez natural y, a fortiori, una violación del principio del debido proceso y del derecho de acceso a la justicia”.
Sobre las FARC y el ELN, la Alta Comisionada explicó que todavía se registran de manera sistemática los  asesinatos selectivos y violaciones sexuales.
Además, otras problemáticas que requieren atención urgente en Colombia son los grupos armados que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares y las minorías como los indígenas, afrocolombianos, raizales, entre otros. 
Sobre estas últimas, el informe asegura que “Las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico”.
Otro problema que requiere especial atención es el de los defensores de derechos humanos. “La Oficina en Colombia continuó documentando casos de amenazas, vigilancia, robos de información, violencia sexual y homicidios”, donde los responsables señalados son las Bacrim y las FARC.
Dentro de esta categoría de problemas que requieren cuidado y especial atención también están las violaciones a los derechos por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia en reemplazo del DAS, los sistemas de cárceles y de justicia, la desaparición forzada, la discriminación y la desigualdad económica y social (una de las más altas de América Latina).
Respecto al uso excesivo de la fuerza militar y a los falsos positivos, el informe explica con preocupación que “El Ministerio de Defensa Nacional sostiene que los ‘errores militares’ u homicidios no intencionales de civiles en el contexto del combate son ‘ilegales pero legítimos’”. Además, aseguró que los esfuerzos del gobierno frente a las desapariciones forzadas han sido insuficientes.
La Alta Comisionada agrega que preocupan la amplia gama de problemas que han surgido en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, puesto que a septiembre de 2012 sólo se habían condenado a 14 personas.
Sin embargo, existen algunos motivos que dan esperanza en Colombia como el proceso de paz, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Centro de Memoria Histórica, la Conferencia y el Sistema Nacional de Derechos Humanos, las acciones de la Defensoría del Pueblo y de los personeros.
“Pueden considerarse hechos que ‘dan motivos de esperanza’ que el Gobierno haya reconocido sus obligaciones y haya emprendido iniciativas importantes en las políticas y/o prácticas para resolver los problemas existentes”, aseguró el informe.
Especialmente, el informe se refiere a las conversaciones del gobierno y las FARC. Sobre éstas explica que “el actual proceso de paz tiene el potencial de transformar Colombia en lo que respecta a su nivel de respeto y disfrute de los derechos humanos”.
Una de las recomendaciones finales que le da la Alta Comisionada al Gobierno colombiano es que comprenda que se han cometido y se están cometiendo violaciones contra los derechos humanos. “Aunque las cometidas hace unos años son diferentes por su alcance y naturaleza, todas las violaciones requieren respuestas legales e institucionales”, aclaró el informe.


Vea el Informe Anual de 2012 completo. 


http://www.semana.com/nacion/articulo/onu-colombia-tiene-mala-nota-dd-hh/334203-3

Así es la propuesta para reformar las pensiones


11 febrero 2013

Así es la propuesta para reformar las pensiones
REFORMA

No competirán más los fondos privados con Colpensiones. Se abolirán privilegios del régimen de prima media.

Autor: Juan Pablo Gutierrez / Revista Semana
El Gobierno destapó las cartas de la reforma pensional que piensa llevar al Congreso en marzo. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, se la explica en este momento a la mesa de concertación laboral.
La propuesta busca resolver las fallas del sistema colombiano de baja cobertura, alta inequidad y problemas de sostenibilidad.

Pardo la ha denominado “nuevo modelo de protección para la vejez”, pues tiene el propósito de que todos los colombianos cuenten con un ingreso al llegar a la edad de jubilación o retiro, bien sea mediante una pensión, o un apoyo del Estado. Los siguientes son los 9 puntos claves que llevará la reforma:
1- No se propondrá aumentar semanas ni edad. El ministro considera que incrementar alguno de estos parámetros haría que menos personas lograran cumplir los requisitos para pensionarse y por tanto es ahondar el problema de la cobertura. 
2- Contrario a lo que muchos piensan, Pardo tampoco cree que un cambio de parámetros ayude a aminorar significativamente el impacto fiscal o pasivo pensional, que hoy se estima en el 116,2 por ciento del PIB (aunque algunos analistas lo ubican cerca al 140 por ciento).  
3- No se ha considerado la opción de marchitar el régimen de prima media, es decir, a Colpensiones. Aunque esto podría mejorar la equidad al no haber más subsidios, no tendría un impacto en la cobertura, que es el mayor problema hoy.
4- El Gobierno propondrá tener un nuevo sistema general de pensiones. Esto implica equiparar las condiciones de pensión que tienen los dos regímenes actuales (RPM y RAIS). Para lograrlo, se eliminarían los privilegios –subsidios- que otorga el RPM y por ende se acabaría la competencia desigual que existe entre los dos sistemas.
5- La fórmula que el Gobierno planteará es compleja. La idea es que la cotización hasta un salario mínimo sea administrada bajo el modelo del RPM y los aportes por encima del mínimo irían al RAIS. Así, todos los trabajadores recibirían el mismo subsidio del Estado en lo que tiene que ver con la porción del mínimo, pero el resto del capital ahorrado se comportaría como las cuentas individuales para formar la pensión. En principio, el Gobierno considera que los aportes al RPM se harían a través de Col pensiones. 
6- Según el nuevo modelo, al final de la vida laboral, la persona tendría dos especies de subcuentas: la del mínimo que llevaría implícito el subsidio del Estado y la del ahorro individual. La idea es que este mismo esquema funcione en el caso de los afiliados a Colpensiones. En cierta manera, Colpensiones adoptaría el esquema del RAIS en lo que hace referencia a las cotizaciones por encima de un mínimo.
7- Este modelo, denominado de escalones, sería más equitativo. Una persona que hoy se gane seis millones de pesos, cuando termina su vida laboral se pensionaría -en el actual sistema de RPM- con alrededor de tres millones (por el subsidio del Estado), mientras que si estuviera en el RAIS, recibiría un millón. Con el nuevo sistema propuesto, que sólo deja el subsidio para el primer salario mínimo, la pensión de este mismo ciudadano sería de 1.600.000 pesos, aproximadamente.
8- Frente a la instrumentación del nuevo modelo, el Gobierno ha considerado la opción de que cobije a todos, excepto a aquellos a quienes les falten menos de 10 años para pensionarse. 
9- Ahora bien, el sistema incluye fortalecer dos programas. Colombia Mayor, que cobija a los adultos mayores del Sisbén 1 y 2, quienes reciben un subsidio de entre 40.000 y 75.000 pesos, lo que se cubre a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), mecanismo de cuentas individuales de ahorro que cuentan con el 20 por ciento de subsidio sobre el ahorro. Entre ambos se ampliará la cobertura a más de siete millones de trabajadores que hoy no cuentan con protección para la vejez, porque son informales o porque no cumplen requisitos de pensión. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/asi-propuesta-para-reformar-pensiones/333123-3

Mientras unos aspiran...

Mientras unos aspiran...

¿Las cuotas de los García Romero?

21 enero 2013

¿Las cuotas de los García Romero?

POLÉMICA

Estos son los cargos que tendría ese clan en la Alcaldía de Cartagena. Responde el alcalde.

Cartagena se ha convertido en un centro de escándalo cada vez que hay un nombramiento. No por las calidades de los nuevos funcionarios, sino porque por lo general la mirada está enfocada a si estos hacen parte del clan de la familia García Romero, el cual integran -entre otros- la senadora Piedad Zuccardi y su esposo, el exsenador Juan José García.
La semana pasada se presentó un nuevo escándalo en ‘La Heroica’ porque Otero nombró a Lester Concepción Romero Mercado nueva jefe de la oficina de Control Interno de la Alcaldía, un cargo de suma importancia pues vigila que los procesos administrativos se cumplan a cabalidad. A Lester la identifican como miembro de las huestes políticas de la senadora Zuccardi.
Hace pocos días SEMANA publicó un artículo titulado La Tenaza de los García Romero, donde se refirió ampliamente a los negocios y el poder que ha ostentado esta familia a lo largo de 20 años en la Costa.
En la denuncia se asegura que cerca de 13 cargos de la administración Distrital están en manos de ese grupo político. Veedores y periodistas en Cartagena le suman uno más a esa lista. Estarían el secretario general, Jorge Lequerica, así como Jorge Eliecer Rodríguez, jefe de la Oficina asesora jurídica. También hace parte de ese grupo la secretaria de Educación, Rosario Ricardo, excandidata a la Gobernación (hoy suspendida por la Contraloría por un contrato de aseo).
Los García se habrían hecho también al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte a cargo de Edilberto Mendoza; el Departamento Administrativo de Salud (DADIS), cuya cabeza es Tomás Rodríguez, y en la Tesorería fue nombrada Judith Paola Flores.
También Rubby Salas Contreras está al frente de la Secretaría de Servicios Públicos; José López Amaris, en Transcaribe, y, en Edurbe, José Ramón Expósito (cuñado de Carlos Felix Monsalve, diputado de Piedad Zuccardi y hermano de Mario Félix, contralor distrital).
Pero no todo se ha quedado en el escándalo por las cuotas burocráticas de esta familia. El tema se ha extendido a fallas administrativas que le han podido acarrear detrimentos económicos al Distrito.
Representantes gremiales que hablaron con Semana.com recuerdan el caso de Diana Figueroa, exjefe de la oficina asesora de servicios públicos de la Alcaldía. Ella terminó salpicada por un escándalo por haber tramitado una millonaria prórroga ilegal por tres años, a dos empresas  que tienen la concesión del manejo del sistema de aseo de la ciudad.
Tras conocerse ese hecho, concejales y periodistas pusieron el grito en el cielo y la prórroga se echó para atrás y Diana fue retirada del cargo. La exfuncionaria era de las entrañas de la casa Zuccardi y por eso en Cartagena se hizo famosa una fotografía donde ella aparece sumisa ante las indicaciones de la senadora en una reunión política.
Pocas veces la familia García Romero, en especial la senadora Zuccardi, responde por estos cuestionamientos. Sin embargo, el 23 de octubre del 2012, la congresista se decidió y dejó una constancia en el Senado en la que respondió a los informes de prensa que la han vinculado con la administración del alcalde Campo Elías Terán.
La congresista del partido de La U aseguró no estar relacionada con nombramientos, encargos ni renuncias en la administración de Cartagena. Su constancia pasó inadvertida, pero en Cartagena calificaron este hecho como una típica ‘lavada de manos’.
En Cartagena nadie puede hacer nada con el asunto, pues los nombramientos no revisten ilegalidad alguna, pero sí tienen con los pelos de punta a buena parte de la ciudadanía, que no entiende cómo el Distrito sigue lleno de personas cercanas al clan García, que ha hecho de la política su negocio pero que “poco le han dejado a la ciudad”.
En una reciente columna de opinión de la revista Metro, el reconocido escrito Óscar Collazos anota: “La actual Alcaldía de Cartagena es una maquinaria aceitada ahora por la bendición del presidente Santos, necesitado para su reelección del feudo electoral de esta familia, como lo estuvo Uribe Vélez durante sus dos períodos, cuando la Dama era pieza de lujo del partido de la U y apoyó la campaña de Campo Elías. Eso se llama: no dar puntada sin dedal”.
Semana.com se comunicó con el alcalde Otero, quien aseguró que a algunos de los funcionarios los encontró en sus cargos y a otros los nombró por tratarse de buenos profesionales que no están ligados al clan García. “Algunos los encontré y otros los traje por ser de mi entera confianza. Ninguno de ellos tiene vínculos con el grupo del que me habla”, dijo Otero.

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuotas-garcia-romero/330328-3

Los ricos no crean empleos

El empresario estadounidense Nick Hanauer explica en este video, cómo las reformas tributarias actuales que buscan bajar los impuestos a los ricos, en aras de la creación de empleos, no sólo son una estrategia errada sino además ingenua.

El agro sí se puede reformar

19 enero 2013

El agro sí se puede reformar

NEGOCIACIÓN

Un acuerdo sobre el primer punto de la agenda con las Farc, el complejo tema de la tierra, no es utópico.

León Darío Peláez / SEMANA

La semana pasada, las Farc pusieron sobre la mesa sus cartas para la negociación del tema agrario en las conversaciones con el gobierno en La Habana. Para sorpresa de muchos, tienen numerosas coincidencias no solo con las posiciones del gobierno sino con lo que este viene haciendo en el mundo rural y marcan importantes matices con las posiciones radicales y dogmáticas de esa guerrilla en el pasado.

Las Farc mantienen alto el volumen en Cuba. Mientras la delegación del gobierno pasa de agache ante los medios, a diario los guerrilleros se turnan en ruedas de prensa. Iván Márquez y Jesús Santrich, que llevan la voz cantante, convocaron al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo “a que comparezca” en La Habana; pidieron “voluntad para avanzar (y) propuestas claras” a la delegación oficial y declararon “un contrasentido y un mal augurio” que se avance en el Congreso con la Ley de Desarrollo Rural sin esperar acuerdos en la mesa ni atender a las contribuciones de la sociedad sobre el tema agrario. Y llamaron a refrendar los acuerdos sobre el agro con una Asamblea Constituyente. Esto llevó al ministro Restrepo a publicar un comunicado negándose a asistir, y a Juan Manuel Santos y su ministro del Interior a declarar que, aunque habrá algún mecanismo de refrendación popular de los acuerdos, una Constituyente se descarta.
Sin embargo, el ruido mediático y el discurso público de las Farc contrastan con los diez puntos que plantean para discutir el tema agrario. Como el propio Restrepo lo constató en su comunicado, parece aflorar un “tono menos retórico, más pragmático y más concreto por parte de las Farc”.
Tres cambios…
Para empezar, hay tres importantes diferencias entre los diez puntos de hoy y el discurso histórico de las Farc. Para ellas, el agro es el tema nodal del conflicto. Su programa fundacional, de 1964, es agrario. En él llaman a la confiscación del latifundio y así lo han ratificado en documentos posteriores, como en su plataforma para un gobierno de reconstrucción nacional, de 1993, y durante los diálogos en el Caguán, en 2000. Hoy, sin embargo, la propuesta de reforma agraria integral que leyó Márquez en Cuba habla de confiscar el latifundio “improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. Una idea con la que coinciden hasta los sectores más tibiamente reformistas en el país.
En segundo lugar, las Farc han abogado por que se expropie la propiedad extranjera de la tierra, en especial de empresas de Estados Unidos, y se prohiba venderla a compañías foráneas. Ahora, aunque insisten en esa prohibición, abren la puerta al “establecimiento de límites estrictos” a la compra de tierras por extranjeros, lo que, de hecho, la permitiría.
Por último, los guerrilleros ahora no solo hablan, como han hecho siempre, de denuncia de los tratados de libre comercio, sino también de su “revisión” si afectan la soberanía alimentaria, lo que implicaría que admiten la posibilidad de acuerdos comerciales.
Aunque aún está por verse cómo se concretan las discusiones en la mesa, estos tres cambios en las posiciones de las Farc no deberían pasar desapercibidos.
Puntos que se acercan…
Por otra parte, numerosas propuestas de las Farc coinciden con las posiciones del gobierno y con algunas de sus políticas en el campo y hacia las víctimas. Hay exigencias con las que pocos estarán en desacuerdo, como erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad en el campo, o que demandan solo voluntad política, no una revolución, como hacer programas nutricionales y de empleo y dotar al mundo campesino de infraestructura de educación, salud y vivienda.
La idea de “desganaderizar” una economía rural en la que 34 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería y menos de 5 millones a la agricultura, es, al menos en el papel, parte de las preocupaciones oficiales. Las Farc piden constituir un fondo con tierras inadecuadamente explotadas, baldías, producto del despojo o incautadas a los narcos. Tal fondo existe y se calcula que podría llegar a tener entre 2 y 3 millones de hectáreas, sin contar las del proceso de restitución de tierras.
Las Farc piden actualizar el catastro y hacer un censo rural. Esta idea había enfrentado dificultades presupuestales, pero la ha revivido el gobierno y seguramente el proceso en La Habana la dinamizará. Hablan de regular las economías extractivas y los grandes proyectos agrarios, ya no de prohibirlos, un clamor de sectores ambientalistas que han logrado influenciar la legislación en ese sentido. Piden proteger la economía campesina, promover la producción de alimentos y una política tributaria que castigue las tierras ociosas, en lo que coinciden casi todos los diagnósticos sobre el campo; o insisten en temas ya aceptados como el reconocimiento de los territorios colectivos de indígenas y afros (la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, entre otros, probablemente solo se presentará al Congreso después de eventuales acuerdos sobre el tema agrario en Cuba a causa de la demora en los trámites de consulta previa con esas comunidades, que manda la ley).
Estas y otras propuestas coinciden no solo con el gobierno sino con la posición de gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros que participaron en el Foro Agrario de diciembre, convocado por los negociadores. Quizá sea algo exagerado concluir, como lo hizo el portal La Silla Vacía, que “las promesas de Santos son el discurso agrario de las Farc”, pero es un hecho que, por más tropiezos que enfrenten, el reconocimiento de las víctimas, los planes de reparación y restitución de tierras y varios elementos de la política agraria y rural de este gobierno tienen muchas coincidencias con las demandas de la guerrilla.
…y no pocas dificultades
Todo esto hace pensar que un acuerdo en torno al tema agrario, el más complejo de la agenda, es posible. Sin embargo, no son pocas las dificultades.
La idea de reforma agraria de las Farc sigue siendo, pese a los cambios en su formulación, mucho más radical que la del gobierno, en especial su posición sobre el latifundio (Santrich dijo que el fondo de tierras debería tener unos 20 millones de hectáreas), y su desconfianza frente a la gran agroindustria contrasta de entrada con el que es uno de los grandes proyectos del gobierno, en la Orinoquia. 
Los diez puntos de la guerrilla también evidencian desacuerdos. Las Farc han hecho duras críticas a la Ley de Víctimas, a la de Desarrollo Rural y a los planes de titulación y formalización de la propiedad, todos los cuales, alegan, abrirían nuevas formas de despojo legal. Rechazan el llamado derecho de superficie, que contempla que quien haya adquirido de buena fe un predio que reclame una víctima pueda seguir poseyéndolo, aunque compartiendo sus ganancias con el reclamante. El tema de los TLC, con todo y matices, es un intocable para el gobierno. Las Farc piden dar al campesinado territorios colectivos como los de indígenas y afros, a lo que difícilmente accederá el Estado, más preocupado por las trabas que la consulta previa con esas comunidades le pone a sus grandes proyectos.
Las Farc deberán enfrentar en algún momento su responsabilidad en el despojo. En el proceso de registro, un tercio de las víctimas ha declarado que perdió su tierra a manos de los paramilitares, pero otro tercio sostiene que fue la guerrilla la que se las quitó. Con reclamos por 2,3 millones de hectáreas, las Farc deberían dar cuenta de unas 800.000. Algo que esta guerrilla niega como un invento perverso en su contra.
Las dificultades también están del lado oficial. Por más modernizante que pretenda ser el gobierno Santos, que tiene una base social menos rural que el uribismo, está por verse hasta dónde está dispuesto a meterle el diente en serio a la cuestión agraria y a pararse firme frente a poderosas élites regionales. Casi todo el mundo reconoce que uno de los déficits históricos de Colombia es que nunca se hizo una reforma agraria en serio. Este gobierno puede tener un discurso más progresista sobre el campo y decir a las Farc que en la legislación ya hay muchos avances. Pero, aun llegando a un acuerdo, pasar del papel a un cambio real en las condiciones de un mundo rural que es uno de los más pobres e inequitativos del planeta será una tarea colosal, en la que fracasaron (o a la que se negaron) todos los gobiernos de Colombia. 
El acuerdo sobre el tema agrario es posible. Pero aun si se logra, saldar la deuda con el campo colombiano es otra historia. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-agro-si-puede-reformar/330057-3

La tenaza de los García Romero

12 January 2013
La tenaza de los García Romero


PERFIL

El polémico clan García Romero con dos curules en el Senado le ha sacado todo el jugo al Estado en los últimos 20 años y ha sobrevivido a todo tipo de escándalos.

Mientras el mundo está en vilo por la suerte del presidente venezolano Hugo Chávez, en Cartagena se está viviendo un drama similar: el alcalde titular, Campo Elías Terán, cumplió 100 días incapacitado por un cáncer que hizo metástasis en el cerebro, en la zona media del tórax y en tres vértebras, y nadie sabe qué va a pasar.
En la ciudad amurallada, como en Caracas, la preocupación es por el manejo del poder. Los cartageneros han registrado cómo en ausencia de Terán, el alcalde designado, Carlos Otero, cambió gran parte del gabinete y dejó 13 Secretarías o cargos de ese rango en manos del grupo político de los García Romero.
Las dos cabezas del clan, los hermanos Juan José y Álvaro el ‘Gordo’ García Romero, ambos senadores por varios periodos, han tenido líos con la Justicia. El primero fue condenado porque desvió auxilios parlamentarios.  Al segundo también lo condenó la Corte a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Héctor, otro de sus hermanos, fue protagonista del escándalo de Chambacú. Y durante la Alcaldía de otro García Romero, Gabriel, se dieron escándalos como el del Puente Heredia, que se cayó a los pocos días de haber sido inaugurado. En un momento dado, tres de los García Romero (Álvaro, Juan José y Héctor) estuvieron condenados.
El grupo supo adaptarse y Piedad Zuccardi, esposa de Juan José,  y Teresita, hermana de ambos, heredaron las dos curules en el Senado. ¿Cómo un grupo que ha estado salpicado por tales escándalos ahora fortalece su poder? La respuesta es una: hicieron de la política un buen negocio. Esa capacidad que tienen de endosar votos indica que las curules no se consiguen por mérito personal, sino que son resultado de la empresa familiar. Y esas curules, a su vez, les dan influencia que les facilita obtener todo tipo de contratos con el Estado.
Un episodio que ilustra cómo se da esa combinación de política y negocios se dio cuando Juan José García todavía era senador y se vio salpicado con el escándalo del miti-miti de Telecartagena. En ese entonces, según una grabación que se hizo pública, le propuso al  designado gerente de esta empresa: “Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo se va a manejar la burocracia y la contratación: a mí me parece que tú debes coger el 33 por ciento, nosotros cogemos el 33 por ciento y el resto lo dejamos a las circunstancias”.
Historia de un clan
La familia que ha marcado la política de los departamentos de Bolívar y Sucre en los últimos 30 años tiene su origen en los matrimonios de Juan José y Gabriel García Taboada, dos hermanos oriundos de Ovejas, Sucre, con las hermanas Maddy y Betty Romero, de El Carmen de Bolívar (a 10 kilómetros de distancia). Cada matrimonio tuvo ocho hijos apellidados García Romero. Los patriarcas, los García Taboada, dieron la pauta. Mientras Juan José se dedicaba a comercializar tabaco y era elegido diputado a la Asamblea de Bolívar, Gabriel, su hermano, se dedicaba a comprar y vender ganado y era elegido concejal de El Carmen. Así, en medio de la política y los negocios, educaron a sus hijos.
A finales de los setenta, los hijos del primer tronco familiar, el de Juan José y Maddy, comenzaron a figurar en la política. Juan José, el mayor, llegó al Senado en 1978 como suplente de Marún Gossaín, padre del actual gobernador de Bolívar. Y lo siguieron eligiendo hasta 1998 cuando se retiró antes de que se conociera la condena que le impuso la Corte Suprema a 42 meses de prisión por el desvío de auxilios parlamentarios. En Sucre, a su hermano Álvaro, el Gordo, lo nombraron alcalde de Ovejas. El Gordo fue muy hábil para decidir elecciones, al punto que le decían el mago de la Registraduría, en 1982 fue elegido representante a la Cámara por Sucre y desde entonces, hasta 2007, cuando fue capturado por parapolítica, estuvo en el Congreso. De su paso por el Capitolio se recuerda su desfachatado intento de sabotaje a la reforma agraria del gobierno de Barco cuando depositó varios votos en la urna y lo pillaron las cámaras de televisión. Y su salida al debate que le hizo Gustavo Petro cuando reconoció que era la primera vez que hablaba allí en diez años.
Del otro tronco familiar, el del matrimonio de Gabriel y Betty, se comenzó a destacar Gabriel Antonio García Romero. Fue concejal de Cartagena y en 1992 fue elegido alcalde, lo cual terminó consolidando el poder de la dinastía en la ciudad. Desde allí se gestó una de las jugadas más rentables para ellos al quedarse con un porcentaje del Puerto de Cartagena.
Ocurrió algo insólito. Tras la liquidación de los Puertos de Colombia, se entregaron en concesión sus instalaciones y el terminal portuario de Manga se convirtió, en 1993, con la Sociedad Portuaria de Cartagena, en el centro del poder económico y político de la ciudad. El distrito de Cartagena tenía derecho a suscribir 275.200 acciones (de las 3.670.000 que se emitieron) pero solo adquirió 43.019. El alcalde de entonces Gabriel García Romero ha dicho a la Justicia que el municipio no tenía dinero para comprar las acciones. Lo cual resulta por lo menos curioso pues, a 500 pesos cada una, solo valían 137 millones de pesos de la época. Pero él, además, recomendó que esas acciones las compraran entre otros Gerardo Rumié (quien es reconocido socio histórico de los negocios de los García Romero) y una firma llamada Tractores del Caribe. Tiempo después se descubrió que esta tenía como socia a Cecilia Buelvas, empleada doméstica de la mamá del exsenador Juan José García. Y en 1998 esas acciones de la doméstica quedaron en manos de Juan José y su esposa, la hoy senadora Piedad Zuccardi y sus hijos, a través de la sociedad Inversiones Cubita, de propiedad de García Zuccardi  S. en C. 
Para esa misma época, 1993, Héctor García Romero, hermano de Juan José y de Álvaro, se desempeñaba como gerente del Inurbe. Desde ese cargo, Tico García dejó lista la venta de los terrenos de Chambacú, los cuales le fueron después adjudicados a un consorcio en el cual él tenía el 15 por ciento y un tío de ellos, un 20 por ciento más. Mientras todo eso ocurría, El Gordo se hacía el dueño absoluto de Sucre eligiendo gobernador, periodo tras periodo, y Juan José, en Bolívar, hacía alianzas y mantenía cuotas tanto en el Distrito como en la Gobernación.
Los negocios
Desde que Gabriel Antonio terminó la Alcaldía abrió un gran frente de negocios para los García Romero: la salud. Hoy es propietario o socio mayoritario en varias IPS y EPS, así como en empresas proveedoras de insumos y medicamentos. Una de las sociedades es Sumecar constituida en 2000, y en la que hoy coinciden como socios el exalcalde Gabriel Antonio, su primo el exsenador Juan José y su esposa la senadora Piedad Zuccardi (a través de Inversiones Cubita con 14 por ciento), y su hijo Juan José García Zuccardi. Sumecar provee medicamentos y equipos quirúrgicos al Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis; a la ESE Cartagena y a Caprecom, entre otras entidades públicas.
A eso se le suma que Gabriel Antonio también es socio mayoritario del Hospital Bocagrande de Cartagena y  tiene a su hermano Miguel Eduardo y a su hijo Gabriel Enrique García Sotelo como representantes legales de dos entidades (la Fundación Renal y la Fundación Renal de Colombia) que tienen contratos desde el Amazonas hasta la Guajira con EPS e IPS y prestan servicios de alta complejidad a Caprecom.
El hecho de que a los García Romero les vaya bien en los negocios no es ilegal. Sin embargo, lo que sí deja un mal sabor es que el nombre de la senadora aparezca registrado en sociedades que contratan con el Estado. Y también abre un gran interrogante la denuncia de un director de una IPS de la Costa Atlántica que publicó el portal La Silla Vacía en agosto pasado. Según el director, un grupo de personas le dijo que Caprecom le cancelaría el total de una deuda a cambio de que el hospital les diera como comisión a ellos un 25 por ciento del dinero. “Me dijeron que ellos conocían a los senadores que manejaban la Supersalud y Caprecom, y que podían lograr que a nosotros nos pagaran. Luego dijeron que quien manejaba estas dos entidades era la senadora Piedad Zuccardi”, dijo el director. En ese entonces la senadora se defendió diciendo que su nombre estaba siendo utilizado y que condenaba esa prácticas.
Tal vez por todo eso no resulta extraño que la senadora Piedad Zuccardi haga parte de la que se conoce coloquialmente como la bancada de la Salud en el Senado.
El otro gran frente del conglomerado García Romero es el de las obras públicas. En este rubro aparece el nombre de otro de los primos, Iván García Romero (a través de la firma Proyectos S.A.), en la concesión vial de Cartagena que comunica la Sociedad Portuaria en Manga con la Troncal de Occidente y es la primera vía en el país, dentro de una ciudad, que se paga con peajes.
SEMANA siguió el rastro de una sociedad, Promotora El Campín, que ha sido una de las contratistas favoritas para obras públicas, en teoría pequeñas, de gobernaciones y municipios, pero que juntas suman miles de millones de pesos. Si bien en su creación en 1998 no aparece ninguno de los García Romero, un año después quedó el 60 por ciento en manos del matrimonio García Zuccardi y de las matronas de la familia, Mady y Betty Romero de García. Esta firma, Promotora El Campín, además es propietaria de la mitad del Consorcio Regional Bolívar, que tiene contratos de obras para control de inundaciones y eléctricas en el país, y obtuvo títulos mineros durante los últimos años.
Otro episodio reciente muestra cómo operan en algunos casos los García Romero. En 2009, el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Galo Alfonso Torres, denunció que los esposos Juan José García y Piedad Zuccardi lo citaron en su apartamento para proponerle que firmara una prórroga del contrato de la construcción del acueducto del municipio y le ofrecieron 150 millones de pesos. La discusión llegó hasta la Casa de Huéspedes Ilustres, a donde los protagonistas fueron citados por el presidente Uribe, pero nada pasó, se perdieron los recursos y El Carmen sigue sin acueducto, aunque ha sido inaugurado cinco veces.
En los 200 años de historia republicana de Cartagena se pueden contar con los dedos de las manos las familias que han sido hegemónicas. En algunos casos, la hegemonía política ha sido consecuencia de la hegemonía económica, pero la fortuna personal tenía su origen en  negocios familiares, no como consecuencia del poder político. Eso es lo que ha cambiado la dinastía García Romero: la política se convirtió en factor generador de fortuna.
En Cartagena seguirá la tenaza de los García. Una vez el alcalde Campo Elías Terán, en marzo, complete 180 días de ausencia el gobierno nacional puede decretar la falta absoluta y convocar a elecciones. La familia García Zuccardi ya le apuesta a dos candidatos: Alberto Bernal y Jorge Mendoza Diago, ambos han sido gobernadores encargados. Y también tienen ya una nueva figura para continuar con su reinado: Juan José García Zuccardi sería el próximo senador en reemplazo de su mamá, Piedad Zuccardi, en las elecciones de 2014. 


http://www.semana.com/nacion/articulo/la-tenaza-garcia-romero/329344

Chocó y Cauca, diez años en el top de los más pobres del país

01 January 2013

 

 
El DANE reveló que el índice de pobreza en todo el país en el 2011 fue de 34,1%, pero Chocó, Cauca y Córdoba superan el 60%.


SEMANA/JUAN CARLOS SIERRA


Informa el Dane que más del 60 % de los habitantes del Chocó viven en la pobreza.,Según el DANE, los cinco departamentos con mayor incidencia de pobreza en el 2011 fueron Chocó, Cauca, Córdoba, Magdalena y La Guajira. En estos departamentos los índices de pobreza oscilaron entre el 57,4% y el 64%, más del doble de la incidencia de la pobreza a nivel nacional, que para el 2011 fue del 34,1%. 
El informe estadístico publicado por el DANE este miércoles revela que los elevados índices de pobreza en estos cinco departamentos se han mantenido casi constantes desde el año 2002. 
Chocó, en el 2002, registraba un índice de pobreza del 67,6%. En el 2005 lo elevó al 74,7%. 
Cauca, el segundo departamento más pobre del 2011 según el DANE, ha incrementado su pobreza en diez años, pues pasó del 57,8 que registró en el 2002, al 62,0% actual. En el 2010 fue el año en que alcanzó los mayores niveles de pobreza de su historia, con el 64,7%. 
Cauca, además, igualó a Chocó en el primer puesto de los departamentos con mayor índice de pobreza extrema. Ambos registraron el 34,3%.
La Guajira, según el DANE, es en la actualidad el quinto departamento más pobre del país. Pero también es el que más ha reducido sus niveles de pobreza en la reciente década, pues en el 2002 se elevaban al 67,2%, casi los mismos del Chocó, y en el 2011 se redujo al 57,4%. 
El informe anual del DANE señala que en el 2011 los cinco departamentos con menor incidencia de la pobreza fueron Bogotá D. C., Cundinamarca, Santander, Risaralda y Antioquia. Este grupo presentó incidencias. Bogotá presentó la tasa de incidencia más baja en 2011 (13,1%), que de hecho es alrededor de la mitad del valor de la incidencia que se dio en Antioquia (29,2%) y en Risaralda (27,0).  

 
http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-cauca-diez-anos-top-mas-pobres-del-pais/327064

Ya es legal descargar musica y peliculas en Holanda

En Holanda, el 30% de la población reconoce descargar películas y música desde la red sin pagar por ello. Esto es completamente legal en el país de los tulipanes, y seguirá siéndolo en el futuro ya que, pese a que se intentó legislar y regular el tema, la Casa de Representantes decidió que no hay delito en ello.
Hace no mucho tiempo, el senador Fred Teeven introdujo un proyecto de ley que buscaba prohibir y sancionar las descargas ilegales de contenido audiovisual en general, pero finalmente fue descartado por el congreso holandés. Según Kees Verhoeven, “afortunadamente la Casa de Representantes claramente escogió establecer una muy necesaria modernización a las leyes de copyright, antes que limitar las libertades de internet”. No se puede decir más claro.
El mismo político comenta que la primera necesidad es aumentar la disponibilidad de los contenidos, y esto se logra simplemente a través de nuevos modelos de negocio. “Una prohibición no resuelve el problema de las descargas impagas, y además garantiza la aparición de otros nuevos como ser la restricción de la privacidad de los usuarios individuales”, dice Verhoeven.
Y para que quienes buscaban este tipo de prohibición -discográficas y símiles- se queden tranquilos, se aprobó a modo de compensación un nuevo impuesto a los discos vírgenes (CDs, DVDs, etcétera). ¿Será suficiente? Seguramente no para ellos, pero es bueno ver que al menos en alguna parte del mundo quienes dictan las leyes entienden como debe funcionar el sistema de la distribución de contenido digital.

http://www.gratisprogramas.org/descargar/ya-es-legal-descargar-musica-y-peliculas-en-holanda/

Colombia celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos

Colombia celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos

CONMEMORACIÓN

Con diversas actividades se busca honrar la memoria de las víctimas.

Lunes 10 Diciembre 2012

Activistas e instituciones estatales conmemoraron este lunes el Día Internacional de los Derechos Humanos con exposiciones, actos de memoria y marchas simbólicas en honor a las víctimas. 

Estas actividades, entre las que también se encuentran obras de teatro y talleres, hacen parte de una extensa agenda en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga y Pasto.
 El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la conmemoración con un mensaje en su cuenta de Twitter: "En el día de los Derechos Humanos busquemos un cambio cultural que promueva una sociedad incluyente y respetuosa de los mismos". 

Por su parte, el Ministerio del Interior se unió al propósito de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de resaltar la importancia del derecho a ser escuchado, expresarse y emitir opiniones libremente a través de la presentación de la campaña "Mi voz cuenta, tu voz cuenta". 

Según un comunicado de esa cartera, "el objetivo primordial es promover el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos por medio de la orientación, así como la ineludible tarea de prevenir la violación de los mismos".

 En Bogotá, el acto principal tiene lugar a las 6 de la tarde, liderado por el Centro de Memoria Histórica, en una ceremonia con defensores de derechos humanos de todo el país. 

Además, se presentará el video "Declárate defensor de Derechos Humanos", campaña impulsada por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas para que las personas se unan a la defensa de los derechos. 

Denuncian irregularidades en juicio a defensor de derechos humanos 

Sin embargo, un grupo de 12 organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la condena de David Ravelo, un defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que fue sentenciado a más de 18 años de prisión por supuesto homicidio agravado. 

Según miembros de esas organizaciones, en ese caso han existido una serie de irregularidades que se han reportado a lo largo del proceso y sus abogados afirman que han socavado la defensa y la legitimidad de la posterior condena. 

Así mismo, aclararon las organizaciones Justice for Colombia y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), entre otras, que Ravelo es conocido porque ha cumplido un papel clave para llevar ante la Justicia a varios miembros de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad. 

Situación en Medellín 

La organización humanitaria Convivamos, por su parte, denunció la crítica situación que se vive en la ciudad de Medellín, la segunda más importante del país, donde en lo corrido del año se han presentado cerca de 8.387 casos de desplazamiento forzado. 

La principal causa de desplazamiento, dice el informe, es el conflicto armado que se registra en algunos barrios de la ciudad. 

La Comuna 13, un deprimido sector de la capital de Antioquia, es donde se presenta la mayor tasa de homicidios y desplazamiento y donde hay una mayor presencia de fuerza pública. 

Con información de EFE

http://www.semana.com//nacion/colombia-celebra-dia-internacional-derechos-humanos/189539-3.aspx

Colombia, tercer país con más pobreza en Suramérica

Colombia, tercer país con más pobreza en Suramérica


COLPRENSA  BOGOTÁ, COLOMBIA  

Publicado el 28 de noviembre de 2012 - 9:47 am.


 Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de América del Sur que están por encima de Colombia en sus índices de pobreza, reveló un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según sus cálculos en el año pasado, el 34% de los colombianos está por debajo de la línea de pobreza, muy lejos de países como Argentina, Chile y Uruguay.
La Cepal reveló en su informe “Panorama social de América Latina 2012”, que la América Latina finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza, un millón de personas menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes. El número de personas en extrema pobreza o indigencia se mantendrá estable en 2012, sumando 66 millones, la misma cifra que en 2011.
Para el organismo con sede en Chile, todavía se ven niveles relativamente altos de concentración en Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y la República Dominicana, países en que esos porcentajes se acercan al 40% de los ingresos para los más ricos y entre el 11% y el 15% para los más pobres.
A raíz de esto, los países con más pobreza en la región siguen siendo los mismos. En la región de América del Sur, Paraguay lidera con más del 50% de personas pobres, seguido por Bolivia. Colombia ocupa la tercera posición a pesar de que tuvo un decrecimiento de 3,1% en los últimos años. Eso pone al país lejos de los niveles de pobreza que tiene Argentina (5,7%), Uruguay (6,7%) y Chile (11,0%). Incluso está por encima de Ecuador (32,4%) y Venezuela (29,5%), el único país que ha aumentado sus niveles de pobreza en el ultimo año.
Paraguay es el país que más esfuerzos ha hecho en materia de reducción de la pobreza. La caída respecto a la cifra anterior en este país fue de 5,2%.
“Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia para la región, pero aún estamos frente a niveles inaceptables en muchos países. El desafío es generar empleos de calidad en el marco de un modelo de desarrollo orientado a la igualdad y la sostenibilidad ambiental”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Según el organismo, el igual que en años anteriores, el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres fue el factor más determinante en la reducción de la pobreza. Las transferencias (tanto públicas como privadas) y el resto de los ingresos contribuyeron un poco al descenso, pero en menor grado que el salario. En 2012, la desigualdad disminuyó en forma moderada, aunque estadísticamente significativa en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay.
La Cepal espera que la pobreza continúe su tendencia a la baja, aunque a un ritmo algo menor al observado hasta ahora.
La contracción relativa del gasto público social  Por otra parte, la Cepal advierte un cambio en la tendencia del gasto público social en la región. Hasta el año 2010 este seguía al alza en América Latina, tanto en montos absolutos como en proporción al gasto público total y al PIB, mostrando un carácter contracíclico durante la crisis internacional. Sin embargo, datos parciales de 2011 indican que habría una tendencia a la contracción relativa del gasto social para robustecer las finanzas públicas, lo cual no significa necesariamente una reducción de los montos absolutos destinados a los sectores sociales.
La opinión
Alicia Bárcena  Secretaria Ejecutiva de la Cepal  “Las actuales tasas de pobreza e indigencia son las más bajas observadas en las últimas tres décadas, lo que es una buena noticia, pero aún estamos frente a niveles inaceptables”.

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/colombia-tercer-pais-con-mas-pobreza-en-suramerica-99876

El Icfes, indicador de la calidad de la democracia

El Icfes, indicador de la calidad de la democracia
Por: Héctor Riveros, 16 de Noviembre, 2012 4:45 pm 

En la ciencia política hay varias metodologías dirigidas a medir la calidad de una democracia. Algunas miden los aspectos electorales, la posibilidad de celebrar elecciones libres y otras de esa naturaleza; unas privilegían la posibilidad de ejercer derechos de contenido político tales como la libertad de expresíón, la libertad de prensa y la garantía de los derechos de la oposición; unas más se detienen en la separación de los poderes como la independencia de los jueces y otras de esa naturaleza. Todas valen pero pocas tan certeras como mirar el tipo de educación que un país ofrece.
Se que los especialistas no le dan a los resultados de las pruebas Saber que el Icfes aplica a los estudiantes de grado 11 un gran valor en términos de medición de la calidad de la educación y que hay otros indicadores que apuntan hacia allá, pero para los efectos de hacer una radiografía del modelo de sociedad que  construimos todas las mediciones dan más o menos lo mismo. Las de Icfes en esa materia son absolutamente reveladoras, no por novedosas o sorpresivas, sino todo lo contrario por consistentes y repetidas.
Los resultados del Icfes, como se les denomina en el lenguaje común, para verguenza de todos, vienen mostrando hace años lo mismo: que si hay algo que profundiza la desigualdad social y regional es el sistema educativo; que si algo consolida una sociedad segmentada, segregacionista y excluyente es la educación que se brinda; que por mucho que estemos pasando de ser un país de renta baja a uno de renta media estamos cada vez más lejos de tener una sociedad igualitaria pero especialmente que no se ha logrado, a pesar de esfuerzos aislados, que la educación se convierta en una prioridad política.
Una comparación rápida de los resultados ratifica cosas que ya ser han vuelto lugares comunes como que lo mejores registros se concentran en los colegios a los cuales asisten los niños de los estratos socios económicos más altos, que  los colegios que están más arriba son los colegios privados, etc. En Cali, por ejemplo, el primer colegio público aparece en el puesto número 77 y los primeros 30 son colegios de calendario B donde se quedaron los bilingües y a los que solo se accede pagando costosas matriculas.
Chocó, en forma consistente, en estos cuatros años, ha ocupado el último lugar, así como Bogotá y Bucaramanga han estado en los primeros lugares. La abrumadora diferencia entre los resultados de Medellín y los de los demás municipios de Antioquia ponen a este Departamento en un puesto intermedio de la tabla.
Buenaventura, una ciudad de 400 mil habitantes, del tamaño de Santa Marta, Manizales (que está tercera entre las capitales) o Sincelejo, la misma que vive una crisis humanitaria sin cuento, similar a la que vivía hace 10 años, que era parecida a la que vivía hace 20, si nos atenemos a los resultados del Icfes, tiene la peor educación del Valle.
El Magdalena que ha sido afectado como el que más por la corrupción y la alianza de políticos con organizaciones ilegales es penúltimo en el registro departamental.
Nada de esto es nuevo. Hay estudios muy serios que detallan el efecto perverso que para la sociedad tiene nuestro sistema educativo en términos de desigualdad y desequilibrio regional. Hay centenares de documentos que muestran todas las evidencias de las diferencias salariales entre una persona que recibió una educación u otra , los que hablan inglés reciben en promedio el 35% más que los que no; las becas para estudiar en el exterior se concentran en estudiantes egresados de universidades bogotanas a las que asisten jóvenes de clases medias y altas; los peores resultados están en las poblaciones afrocolombianas del Pacífico y en el Caribe. En fin, todo sabido, lo sorprendente es que, a pesar de esfuerzos que resultan aislados y quijotescos, los resultados sigan iguales.
En los países de mayor calidad de vida y mejores niveles de democracia, la educación es un factor integrador. En la educación pública se encuentra toda la sociedad, como diría la fórmula sacramental, sin distingos de razas, credos, origen social, etc, en Colombia es exactamente al revés : la educación es la que divide.  La proporción de colegios públicos y privados refleja la calidad del gobierno local. En Bogotá por ejemplo, desde hace unos años se logró que el porcentaje de niños que estudian en colegios públicos sea superior a los que que lo hacen en colegios privados, pero en Cali, para volver con el ejemplo, más del 70 % de las instituciones educativas son privadas.
Lo verdaderamente dasalentador de toda la historia es que esta columna pudo haberse escrito hace 10 o 20 años, al tiempo con las que se han publicado esta semana sobre la tragedia de Buenaventura que son idénticas a las de entonces o incluso cuando García Márquez escribió sus primero artículos periodísticos sobre el Chocó que parecen descripciones de la situación de estos días.


http://www.lasillavacia.com/node/37288

Recordando A Pauselino Camargo, Diez Años Después

RECORDANDO A PAUSELINO CAMARGO, DIEZ AÑOS DESPUÉS

“A los hombres se les puede asesinar, a sus ideas no”.
                                                           Luis Carlos Galán S. 

Diez años después del asesinato de Pauselino Camargo, cuando sus victimarios han reconocido públicamente el crimen, junto con los de tantos otros compatriotas y a pesar de ello, estos hechos dolorosos y violentos están prácticamente en la impunidad, recordamos su legado como un impulsor de los procesos de participación de la comunidad en la gestión pública local. “Al pueblito hay que educarlo”, era una frase que constantemente repetía para hacer énfasis en la necesidad de impulsar procesos de formación orientados a que la comunidad conociera temas que hasta entonces resultaban desconocidos, incluso herméticos: Proyectos de inversión, contratación pública, presupuestos, planeación del desarrollo. Este ejercicio derivó que la administración municipal que encabezó entonces, desarrollara entre 1.996 y 1.997, la más completa, consciente y metódica experiencia de formación a la comunidad en temas de lo público: La Escuela de Gestores del Desarrollo. Un proceso que le valió entonces al municipio de San José de Cúcuta, reconocimiento a nivel nacional e internacional. Pero la “osadía” de Pauselino fue más allá: Se atrevió a pregonar a los cuatro vientos que la comunidad podía concertar con la administración, la inversión municipal. Que los ediles, los presidentes de Juntas de Acción Comunal y los representantes de organizaciones de base, podían sentarse con el alcalde y decidir sobre la destinación de los recursos de inversión. Que ese ejercicio no era atribución exclusiva del alcalde y el Concejo. Frente a las maniobras del Cabildo Local de entonces, que siempre le fue adverso, expresó una frase que sintetizaba el sentir de la gente frente a sus prácticas clientelistas: “Coalicionar es delinquir”. Fue un líder frentero, controvertido, a ratos lenguaraz y muchas veces impulsivo. En su administración acertó en muchas cosas y se equivocó en otras. Su movimiento político no pudo mantener la alcaldía. Entonces terminada su administración se dedicó a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de su gestión. Y la gente del común, “el pueblito”, los hombres y mujeres que habían empezado a practicar el ejercicio de gobernar, decidiendo sobre la inversión municipal y que habían empezado a deletrear los vericuetos de lo que era la gestión pública local, empezaron a expresar su intención de acompañarlo para llegar de nuevo a la administración municipal.   Pero corrían tiempos siniestros y tenebrosos. Ya habían irrumpido en la región actores sanguinarios que desde el Catatumbo habían empezado a regar de muertos los caminos y a teñir de sangre los ríos. Y en ese recorrido de muerte y de dolor, llegaron a la capital nortesantandereana. Y llegó el fatídico 2 de febrero de 2.000. Ese día la vida de Pauselino fue cegada. Se cortó de tajo brutalmente la esperanza. Era apenas el comienzo de una estela de sangre y de lágrimas que enlutaría nuestra Perla del Norte. Quienes lo conocimos, quienes aprendimos junto a él que la utopía era posible y que los sueños eran realizables, no olvidamos su legado y su memoria. Han pasado diez años, pero muchas de sus ideas nos han animado a continuar adelante, firmes en la creencia que es posible gobernar con la gente y que la democracia se construye y se cimenta desde lo local.

 

 

http://www.parcomun.org/memorias/331/recordando-a-pauselino-camargo-diez-anos-despues

La reforma tributaria de Santos no crea empleo

La reforma tributaria de Santos no crea empleo

La reforma tributaria de Santos no crea empleo
Horacio Duque Giraldo

Rebelión

El gobierno de J.M. Santos se empecina en hacerle creer al país que su proyecto de reforma tributaria en tramite en el Congreso de la República creará empleo formal. 
En el país de cada 100 personas ocupadas, 65 lo son en empleos informales que son trabajos basura, con salarios ridículos y sin prestaciones sociales. 
El proyecto plantea como estrategia laboral disminuir el impuesto a la renta de las empresas del 33% al 25% y crear un impuesto a las utilidades del 8% para compensar la eliminación de los parafiscales para el SENA, el ICBF y los aportes patronales a la salud. 
La contribución para la equidad/CEE del 8% sobre las utilidades de las empresas no es un gravamen estable en momentos en que la industria esta afectada por una crisis muy severa por la propagación de la "enfermedad holandesa" y la revaluación de dolar que ha provocado la expansión de la Locomotora minera, intensa en capital y con poca utilización de mano de obra. 
El SENA, el ICBF y la salud quedan en el aire con el esperpento tributario en curso. A las Cajas de Compensación no las tocan por ser una fronda efectiva del clientelismo gubernamental y empresarial. 
La disminución de los costos laborales y la creencia de que los empresarios utilizarán dichos recursos para formalizar empleo es un dato ideológico de la economía neoclásica que ya se ha probado como incierto. Así ocurrió con la Ley 789 de 2002 y con las otras normas sobre flexibilización laboral aprobadas en los últimos años que no contribuyeron a crear empleo formal sino a profundizar la precarización de la masa asalariada colombiana. 
La reforma tributaria del señor Santos/Cardenas es regresiva y antidemocrática. Mantiene los privilegios de los opulentos con las más de 210 exoneraciones fijadas en las 60 reformas tributarias aprobadas en las últimas décadas que dejan a los ricos 27 billones de pesos anuales en más ganancias. 
Siendo así, el estatuto tributario postulado no contribuye a la equidad, menos a la democracia y la paz porque la pobreza y la concentración de la riqueza siguen en ascenso.

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158330&titular=la-reforma-tributaria-de-santos-no-crea-empleo-

Indígenas uitotos conmemoran genocidio de la Casa Arana

Abrir el canasto

Recordando la Casa Arana
Con una valentía ejemplar, los uitoto se atreven (a diferencia de los antropólogos) a enfrentar su propio pasado: en una asamblea de las 22 comunidades que conforman La Chorrera, decidieron que había llegado el momento para conmemorar el etnocidio de la Casa Arana. Todo está listo para el día de la conmemoración, el próximo 12 de octubre. El periodista Mauricio Builes estuvo allí.
Por: Mauricio Builes* La Chorrera.
Publicado el: 2012-09-12
La tercera noche que estuve en La Chorrera, Mauricio Kuiro me dijo que lo acompañara hasta la cima de la montaña más alta, donde está la escultura de la virgen María que nadie visita. Eran las ocho de la noche de un martes y la luna llena iluminaba todo el río Igaraparaná. No había gente. A lo lejos, se escuchaba la única planta eléctrica que en pocas horas dejaría de funcionar. Nos sentamos en una banca de cemento y permanecimos en silencio mientras observábamos la neblina que, a esa hora, cubría como una manta blanca las copas de los árboles. Entonces Mauricio empezó a cantar cosas que yo no entendía. Lo hizo en lengua uitoto, pausado, y marcaba el ritmo golpeando el borde de la banca con las manos. Por momentos, miraba al cielo que no tenía nubes y sacaba sonidos guturales que parecían plegarias. El canto fue largo y cuando paró comenzó a relatarme historias que él se sabe desde niño, historias de sus ancestros caníbales y de los chorros de agua escondidos en esa selva; historias con la coca, el tabaco y la yuca dulce, sus dioses. Pero también, historias oscuras de cómo, hace cien años, los peruanos los cazaban como animales salvajes. Desde mi llegada, Mauricio, un muchacho de dieciséis años y futuro heredero del cacique del pueblo Milán, se había convertido —casi por azar— en mi guía y en la mejor manera de conocer cosas de las que a los uitoto no les gusta hablar. 

La palabra amanece
“La palabra amanece” es una frase que me repetía cada uitoto al que le preguntaba por qué solo hasta ahora deciden hablar de lo que les pasó hace cien años. Me la dijo Mauricio pero también Manuel, el viejo cacique de La Chorrera. El etnocidio, me explicaron, es un tema que quedó sepultado desde el mismo momento en el que ocurrió. Fue una decisión consensuada entre los pocos pobladores que quedaron después de que, a principios del siglo pasado—en pleno boom cauchero— los trabajadores de la empresa del peruano Julio César Arana (la Casa Arana), asentados en La Chorrera y sus alrededores, asesinaran a casi la totalidad de la población indígena de esta zona del Amazonas. Y los mataron porque no cumplían con la cuota semanal de goma extraída de los árboles o, simplemente, porque sí. Por mera diversión.
Son historias que a los viejos de hoy les cuesta contar no porque las estén olvidando sino por el dolor que producen. Pero nadie las llora. Cuando me relataron la historia de una maloca a la que le prendieron fuego con más de un centenar de indígenas adentro o la de los calabozos de la Casa Arana donde los metían hasta que se murieran de hambre o cuando Bonifacio, otro anciano, me contó que de niño sus juguetes eran los dientes de sus abuelos chamuscados, no lloró. “Hace un siglo se nos acabaron las lágrimas”, fue la explicación de Bonifacio; y con las lágrimas, los deseos de recordar.
Solo hasta el año pasado, en una asamblea entre las veintidós comunidades que conforman La Chorrera, decidieron que había llegado el momento de hacer memoria. De abrir el canasto que lleva cien años enterrado. Los caciques se han dado cuenta de que el pueblo es cada vez más pequeño, que las tradiciones se están perdiendo, que la cultura occidental les está haciendo olvidar su lengua y mitología ancestral. Y que para evitar la extinción total de la cultura uitoto debían “amanecer la palabra”. Hablar sobre el horror. Pero antes, estaban obligados a prepararse espiritualmente. Su mayor temor, me lo dijo Manuel, es que el alma de los sabios que mataron en esa época se rebele y haga caer maldiciones sobre La Chorrera. Es tan delicado el tema que a nadie le es permitido acercase adonde, se supone, están enterrados los caciques de esa época.
Llevan un año preparándose. Reuniones entre los dirigentes de la Asociación Zonal Indígena de día, y entre los caciques y guías espirituales de noche. Todas las conclusiones que salen del debate diurno se tienen que llevar a la maloca. Las decisiones finales, las más importantes, se toman a las doce de la noche o en las primeras horas de la madrugada. Hasta el más mínimo detalle de lo que se hará el próximo 12 de octubre, día de la conmemoración, ha sido discutido por los viejos.
La justicia se vive
Durante los ocho días que permanecí en La Chorrera (solo viaja un avión semanal), pude entrar tres veces a la Maloca de noche. Me interesaba saber cómo se prepara la conmemoración de un etnocidio cien años después.
A diferencia de lo que ocurre en las asambleas indígenas, en las que hay presencia considerable de mujeres, en las que todos van vestidos de pies a cabeza y se dan, cada cierto tiempo, un descanso para comer o beber; en las malocas la presencia de ellas es escasa, los hombres llegan con el torso desnudo y, aunque cualquiera es libre de retirarse cuando así lo estime, no hay un tiempo para el descanso. Todo gira alrededor del cacique y el mambe, la hoja de coca triturada hasta volverla polvo y que es su signo de respeto y sabiduría.
Salvo los invitados, las personas que entran a la maloca deben caminar hasta donde está sentado el cacique. Entre sus piernas hay una especie de batea con mambe y una cuchara. Lo saludan y se llevan hasta la boca una cucharada colmada con el polvo verde. Lo dejan en la boca, retroceden. Luego, caminan para sentarse en pequeños troncos, formando un círculo alrededor del mambe. En la medida en que este se va mezclando con la saliva, los efectos de la planta cobran efecto: se agudiza la concentración e incrementa la resistencia física. Todos hablan una combinación entre uitoto y castellano y el orden de la palabra lo impone el cacique.
En mi última visita a la maloca, pude entender algo que Mauricio había tratado de explicarme la noche en el alto de la virgen pero que no me había quedado tan claro. La idea con abrir el canasto no es recordar para juzgar o para buscar culpables, sino para ser reconocidos. “El Presidente de Colombia de esa época no sabía quiénes vivían en La Chorrera. Nunca lo supo… y por eso pasó lo que pasó —dijo uno de los mayores—. El Presidente de hoy, tampoco sabe”. Por eso quieren, lo comentaron esa noche, que Juan Manuel Santos esté con ellos el próximo 12 de octubre. Quieren que los visite en La Chorrera, que conozca la Casa Arana —que hoy se mantiene intacta y en el 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural—, que entre a una maloca y los escuche contar su historia.
Esa misma noche, un hombre proveniente de la comunidad a dos horas en lancha desde La Chorrera, se levantó para hablar de su papá, del viejo Noé. Es el último de la tribu, dijo. Es la única persona que queda en todo el territorio que habla en lengua Ocaina. Se muere y con él, todas las tradiciones de la comunidad. Explicó, aún con mambe en la boca, que cuando su papá se enteró de que iban a conmemorar el etnocidio, advirtió que él no sería capaz de hablar de calabozos, ni de cepos, ni de fosas comunes. Que lo dejaran tranquilo sin destapar nada. En ese momento, todos permanecieron en silencio esperando que Manuel le contestara. El cacique se mandó una cucharada de mambe y dijo que, así como pasaba con Noé, hay muchos que no pueden o no quieren hablar sobre las muertes y sus muertos. Y que por eso se iban a blindar antes del 12 de octubre. Eso curaría el problema y aliviaría los temores.
A la mañana siguiente, Mauricio me explicó lo que eso significa: “Cantar el duelo”. Una serie de rituales guiados por los viejos para protegerse espiritualmente y que deben ser hechos antes de la conmemoración.
Palabra dulce para los enemigos
“¿Odiamos a los peruanos ”, preguntó en una maloca un cacique de otra comunidad al sur de La Chorrera. Es una pregunta que apenas ahora hacen en público pero que siempre ha estado presente. Saben que la mayoría de sus verdugos eran extranjeros y que en textos como el Libro azul del Putumayo (un informe publicado en 1912 por Roger Casement, diplomático inglés que fue enviado por el parlamento británico para investigar sobre la esclavitud de miles de indígenas por parte de la Casa Arana) o la reciente novela El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, ilustran con detalles ese periodo de caucho y sangre.
Pero eso quedó durante décadas en las bibliotecas o en la ficción de las novelas. Las nuevas generaciones saben poco. Sus papás han procurado no ser precisos cuando cuentan lo que ocurrió. Solo durante el último año comenzaron a escuchar los relatos de los abuelos, aquellos que habían permanecido ocultos por años y a leer libros como La vorágine de José Eustasio Rivera: “Con todo hallaría datos inicuos: peones que entregan kilos de goma a cinco centavos y reciben franelas a cinco pesos; indios que trabajan hace seis años y aparecen debiendo aún el mañoco del primer mes; niños que heredan deudas enormes procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron y que no cubrirán en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud”.
El informe de Casement es más rico en detalles pero aún conociendo todo ese terror los uitoto han decidido “utilizar la palabra dulce hasta con el enemigo”. Es una máxima de convivencia. Por eso, para el día de la conmemoración, también invitaron a peruanos que han investigado sobre el tema y a descendientes de indígenas que por esa época lograron escapar de La Chorrera. Lo mismo hicieron con indígenas y académicos del Brasil y con los diplomáticos de la Embajada Británica en Colombia porque la empresa cauchera tenía razón social en Londres y parte de los trabajadores eran originarios de la colonia inglesa de Barbados. No quieren acusar, ni reclamar, ni juzgar. Solo quieren que los conozcan.
La Casa Arana
El día antes de mi regreso a la ciudad, Mauricio me llevó a la Casa Arana. Está al otro lado de la ribera del Igaraparaná pero se puede ir caminando. Es la única construcción de ese lado y, aunque solo tiene dos pisos, desde el pueblo se ve tan imponente como la casona de un gran hacendado. Hoy es el colegio.
El primer piso —hecho con piedras amarillentas, grandes y gruesas— aún conserva el diseño original de hace más de un siglo. En las bodegas donde los hacinaban hasta que murieran de hambre, hoy queda la despensa. Y los calabozos fueron convertidos en dormitorios para los estudiantes cuyas comunidades quedan a varios días de camino. El segundo piso tiene casi el mismo diseño del original pero la madera es oscura y las tejas del techo son nuevas. Allí están las oficinas de los profesores y algunos salones de clase. Todo el edificio forma una ele y en sus alrededores hay jardines, palmeras, canchas de fútbol y el pequeño puerto donde encalla la lancha escolar.
Una de las profesoras me contó que no hace mucho, antes de que la declararan Patrimonio Nacional, la empresa Aviatur manifestó su interés de comprar la Casa Arana y hacer un resort para turistas adinerados. Los uitoto dijeron que no. Que ellos no querían correr de mesa en mesa, bajo las sombrillas playeras y con bandeja en mano llevando pedidos de piña colada a gringos y europeos. Ellos, “mambeando durante semanas”, tomaron la decisión de convertir a la Casa Arana en un colegio con pénsum indígena. En palabras de la profesora: “Somos el único colegio que funciona como una maloca”.
Fueron cinco años de discusiones y reuniones entre los caciques para definir las materias de cada uno de los grados. Los profesores, muchos de ellos formados en Leticia, luego fueron entrenados por los mismos líderes espirituales de La Chorrera. Por estos días, incluso, esperan el arribo de un equipo de asesores del Centro de Memoria Histórica. No contentos con tener un colegio de buena calidad, la Asamblea también decidió que se hiciera un Museo de la Memoria dentro de la Casa Arana y un informe detallado de lo que les ha ocurrido durante este siglo. Quieren recolectar, comunidad por comunidad, los objetos que les recuerdan la época del terror. Quieren que los estudiantes sepan bien la historia que casi los extermina.
Cuando le pregunté a Mauricio que si tenía en su casa algo que aportar para el museo, me contestó que no, que a lo mejor su abuelo —el cacique del pueblo Milán— pero que todos estaban ansiosos por ver lo que otros tenían para mostrar. Parece haber llegado la hora de exhibir la Casa Arana. Poco a poco, el pasado se convierte en la muestra de máximo orgullo de su resistencia.

* Periodista. Coordinador de comunicaciones del Centro de Memoria Histórica.

http://www.revistaarcadia.com/impresa/antropologia/articulo/abrir-canasto/29555

ONU denuncia que el campesinado colombiano sufre un "déficit de ciudadanía"

DERECHOS HUMANOS

Esta es la principal conclusión del cuaderno "El campesinado. Reconocimiento para construir país" que el PNUD presentará oficialmente el próximo miércoles, pero que dio a conocer previamente a medios internacionales.

 

Domingo 14 Octubre 2012

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denuncia en un estudio que el campesinado colombiano sufre un "déficit de ciudadanía" como consecuencia de una falta de políticas públicas de desarrollo rural que, históricamente, le han negado el acceso a derechos básicos y reconocimiento social.

 

 

Esta es la principal conclusión del cuaderno "El campesinado. Reconocimiento para construir país" que el PNUD presentará oficialmente el próximo miércoles, pero que dio a conocer previamente a medios internacionales, y que se convierte en la cuarta entrega de la serie que la agencia ha elaborado tras el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011.

Fundamentalmente, el estudio sitúa la problemática del campesinado colombiano en la dificultad para acceder a tierras, créditos, asistencia técnica, tecnología, información, vías de comercialización y bienes públicos tales como la educación, la salud y la justicia en un marco de "desatención estatal y violencia".

 

Según el PNUD, alrededor de un 32 por ciento de la población vive en "ámbitos predominantemente rurales", de la que, aproximadamente, entre 9 y 11 millones serían campesinos.

 

Esta falta de reconocimiento institucional y social está directamente relacionada, según el informe, con "un imaginario del campesinado desvalido, carente de oportunidades y servicios", que queda relegado a "un papel subsidiario, sin derechos ni garantías".

 

Así, el cuaderno del PNUD denuncia que en el 2009, los medianos y grandes productores obtuvieron el 78,2 por ciento del total de créditos concedidos, mientras los pequeños productores sólo dispusieron del 21,8 por ciento.

 

Del mismo modo, apunta que en el 2008 sólo el 18,28 por ciento de los campesinos tuvieron acceso a una asistencia técnica.

 

En términos de cultivo, el PNUD señala que de los 21,5 millones de hectáreas que se estiman aptas para el cultivo en el país, sólo se explotan 4,9 millones, de modo que sólo el 22,7 por ciento de las tierras potencialmente productivas están siendo cultivadas.

 

Ante esta situación, la agencia alerta que de 1950 a 2000, los cultivos campesinos se redujeron del 59,39 pot ciento al 36,15 por ciento con respecto al total de la producción agropecuaria, lo que constataría la "casi total extinción de algunos cultivos propiamente campesinos como el trigo el ajonjolí y la cebada".

 

Mientras, el maíz, el fríjol y la yuca disminuyeron progresivamente.

 

Esta disminución de la participación de cultivos campesinos en el total de la producción nacional habría provocado, paralelamente, una diversificación de su economía familiar con la participación en actividades agrarias distintas como la minería, la pesca salvaje, el comercio, la manufactura y los servicios.

 

En un encuentro con periodistas, el director académico del informe, Absalón Machado, insistió en que "en Colombia la tierra sigue siendo una fuente de poder", un indicador que, según él, es síntoma de una sociedad que sufre "un atraso social y económico" y que no dispone "de otra actividad en la región que genere riqueza".

 

El control por la tierra se convierte, así, en control político y "clientelista de la población", donde los "grandes propietarios de las regiones son los grandes electores", en un país que no ha apostado por "una estrategia de industrialización" y "un Estado que nunca ha metido el hombro a la inequidad", determinó Machado.

 

Y es que, según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población, mientras el resto sólo dispone de pequeñas y medianas posesiones, una realidad que hace de Colombia uno de los países con los niveles de desigualdad más altos de Latinoamérica.

 

EFE

 

http://www.semana.com/nacion/onu-denuncia-campesinado-colombiano-sufre-deficit-ciudadania/186477-3.aspx