Tobie Mining Inc. demanda a Colombia por 16.5 billones de dólares

22 de Marzo de 2016
Al que no quiere caldo: Tobie Mining Inc. demanda a Colombia por 16.5 billones de dólares
Por: Marco Velásquez-Ruiz
Publicado en: Desmarcado
El 19 de febrero de 2016 el gobierno colombiano fue notificado de una demanda instaurada por la empresa multinacional Tobie Mining Inc., en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos y Colombia en 2006, por 16,5 billones de dólares. Sin embargo, sólo hasta hace muy poco se conoció el texto de la demanda que amenazaría la estabilidad del país tanto a nivel fiscal como socioeconómico. Ya no se trata de amenazas vagas -como se ha querido mostrar por un sector de la opinión pública-, sino que nos encontramos frente a un hecho cierto. Frente al silencio de las autoridades al respecto, considero no sólo relevante sino moralmente necesario visibilizar el caso e ilustrar las exorbitantes pretensiones de esta empresa, que están soportadas en argumentos sorprendentes.


Divide y reinarás: la estrategia fallida de Tobie Mining Inc.
Esta historia empieza en octubre de 2009 con la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. Por primera vez en la historia del país se daba curso a una solitud hecha directamente por autoridades tradicionales indígenas -agrupadas alrededor de la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis- para proteger el medio ambiente de la Amazonía colombiana y su supervivencia de la comunidad. De forma inexplicable, dos días después de la creación del parque, la empresa Tobie Mining recibió de Ingeominas un título minero (el contrato de concesión IGH-15001X) para extraer oro dentro de dicha área, por 29 años.
Como es sabido, la constitución colombiana prohíbe el otorgamiento de títulos mineros dentro de áreas protegidas, como el Yaigojé-Apaporis. Por lo tanto, frente a esta absurda situación, en 2011 la procuraduría le solicitó a Ingeominas el retiro y desalojo de las actividades mineras en el área. Esta solicitud vendría a ser confirmada en 2013 cuando la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad del título minero y la consecuente suspensión total del contrato de concesión respectivo. Aun cuando es cierto que el título minero fue otorgado por el estado colombiano, también lo es que éste estaba en contra del órden constitucional y era abiertamente perjudicial para los intereses del país. Por lo tanto, las autoridades estaban obligadas a su cancelación en pos de proteger intereses públicos superiores.
La empresa norteamericana no se quedaría quieta frente a esta situación. Según información revelada por varios medios, representantes de Tobie ejercieron influencia indebida dentro de la asociación indígena, lo que propició la creación de un grupo disidente: la asociación Acitava. Esta nueva asociación, movida por las promesas de una participación del 20% de la concesión, instauró una acción de tutela en contra de la creación del parque nacional natural, argumentando que no se había adelantado un proceso de consulta previa con ellos. Esto se hizo con el fin de eliminar cualquier impedimento para poder extraer oro en la zona, aun a costa de las afectaciones al medio ambiente y la supervivencia misma de los grupos indígenas.
Finalmente, en septiembre de 2015 la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y confirmó no sólo la existencia del parque Yaigojé-Apaporis, sino la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación minera de Tobie Mining, y ordenó la no expedición de títulos mineros a futuro. En un acontecimiento que parece salido del realismo mágico, un líder la disidente Acitava confesó que detrás de la tutela había estado dicha compañía y su asesoría legal, sin perjuicio de que incluso hubiera tenido que ver con las diferencias internas en la comunidad que desencadenaron la acción judicial.
Las que no se ganan tampoco se pierden: Colombia es demandado ante arbitraje de inversión
Frente a su derrota en las cortes colombianas, Tobie Mining Inc. asumiría una actitud aún más beligerante -y en mi opinión, cínica- que la ya mostrada hasta el momento. Amparada en el tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos (su país de origen) y Colombia, la empresa decidió someter el caso ante un tribunal de arbitraje de inversión con el fin de que se condenara a nuestro país a revertir la decisión tomada respecto de sus intereses económicos -la cancelación del título minero-. O En su defecto, que se le indemnizara por la exorbitante cantidad de 16,5 billones de dólares, “valor justo del mercado” de acuerdo a los estimativos de depósitos de oro y hierro en el área de la concesión.
La demanda tiene una serie de particularidades que merecen ser contadas a la opinión pública. En una gravísima acusación, la compañía minera señala que las funcionarias públicas Julia Miranda Londoño -directora de Parques Nacionales Naturales- y Claudia Teresa Cáceres Domínguez -coordinadora del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior- concertaron para falsificar registros de la consulta previa que era necesaria para la creación del parque Yaigojé-Apaporis. Igualmente, se dice que con ocasión de la visita de los magistrados de la Corte Constitucional a la zona para verificar las condiciones de la concesión debido a la tutela impuesta por Acitava, funcionarios de Parques Nacionales Naturales entrenaron a varios miembros de la comunidad para tergiversar los intereses y opiniones del grupo disidente. Muy lejos de lo que la Corte Constitucional estableció en su momento.
En consecuencia, y forma sorprendente, señala la empresa demandante que la supuesta expropiación a la que ha sido sometida es el resultado de maniobras fraudulentas por parte de diversos actores públicos y de la sociedad civil colombiana para que finalmente se constituyera el parque Yaigojé-Apaporis. En concreto, dice que “Es claro entonces que [Julia Miranda] Londoño, Parques Nacionales Naturales – PNN, la Agencia Nacional de Minería – ANM, [Claudia Teresa Cáceres] Domínguez, y la Fundación Gaia Amazonas, se vieron inmersos en una conspiración civil para cometer fraude y forzar la existencia del Parque Yaigojé-Apaporis, sin proveer ningún tipo de compensación por dicha expropiación”, y que por ende “el curso que ha tomado la conducta de Colombia, de acuerdo a lo acontecido a través de sus agencias, cortes y representantes, muestra de forma clara que una oportunidad limpia ante una corte en derecho y bajo las reglas del debido proceso no está disponible.” Es decir, Tobie Mining quiere mostrar a Colombia como un nido de corrupción a todo nivel, y que bajo dicho contexto hubo una confabulación general contra su inocente y recto proceder.
Cuando se piensa en la cantidad reclamada por Tobie Mining como indemnización por la suspensión definitiva de su título minero, es imposible mantener la calma. Estamos hablando de 16,5 billones de dólares -alrededor de 49,6 billones de pesos-, lo que representa el 11,8% del presupuesto de Colombia para 2016 y, en particular, sobrepasa la cantidad destinada para gastos de inversión en el mismo período -40,6 billones de pesos. Por lo tanto, de mediar una condena contra el país, las consecuencias a nivel fiscal y social serían incalculables. Con mayor razón si se tiene en cuenta que ésta no es una época boyante para la economía colombiana, y que además el país se apresta a realizar grandes erogaciones como consecuencia de la puesta en marcha del postconflicto. Para entender un poco la dimensión de esta demanda, hay que decir que, hasta el momento, la mayor condena que un tribunal de arbitraje de inversión ha proferido contra un estado fue de 1 billón de dólares, contra Ecuador, luego de una demanda interpuesta por la petrolera Oxy. Cuando menos escalofriante. Parece que una vez más nos vieron la cara de buenas gentes.
¿Es este el tipo de inversionistas extranjeros que quiere -y merece- nuestro país? ¿Será que los tratados de inversión negociados por Colombia, y en particular sus vagos estándares y mecanismos de solución de controversias, se ajustan a las condiciones de reciprocidad y dignidad que cualquier estado soberano merece? ¿Por qué es nuestro país uno de los pocos países de la región que se empecina en apoyar de forma irrestricta este tipo de acuerdos económicos internacionales? ¿Cuántas demandas más tendrán que serle notificadas al gobierno para que las autoridades competentes asuman una actitud transparente y decidida frente a este tipo de situaciones que amenazan la sostenibilidad fiscal y social de Colombia? Estas son preguntas que, por ahora, no tienen respuesta.
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