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Así nació y creció el fantasma del apagón

20160313213646-1197599-4582932818584969673-n.jpgAsí nació y creció el fantasma del apagón
Por: Juan Esteban Lewin, Sáb, 2016-03-12 22:49


El presidente Juan Manuel Santos, el presidente de EPM Jorge Londoño y dos ministros revisan los daños en el embalse de Guatapé el sábado 5 de marzo.
El fantasma del apagón está asustando a Colombia. A diferencia de lo que pasó en 1996, 2001 o 2009, está tan fuerte que el operador del sistema eléctrico ya pidió que haya un racionamiento y ya rodó la cabeza del ministro de Minas y Energía. Y es que esta vez no solo se ha alimentado de poca lluvia sino de un petróleo barato, un daño grave pero difícil de prever y la falta de otras fuentes de energía.

Funcionando a punta de agua
El sistema eléctrico de Colombia tiene una característica que lo hace figurar muy bien en los rankings internacionales porque es un gran indicador de ser amigable con el medio ambiente (es el 8 mejor sistema eléctrico del mundo según el último ranking del Foro Económico Mundial y el 18 en el del Consejo Mundial de Energía): el 80 por ciento de la energía viene de hidroeléctricas y solo el resto de quemar petróleo, gas o carbón.

El problema es que cuando no hay agua tampoco hay luz. Por eso, el famoso apagón del gobierno Gaviria y las amenazas del 96, el 2001 y el 2009 se dieron por fenómenos del Niño fuertes.

En el primero, hubo apagón porque no había casi termoeléctricas y estaba atrasada la gran hidroeléctrica de El Guavio, por lo que el sistema era muy frágil.

Pero después de ese apagón se reestructuró todo el sistema. Con la idea muy de la época de acabar con la planificación centralizada, se permitió el ingreso de los privados al sector. Además, se crearon entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que existiera un regulador que fuera autónomo del Gobierno, y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para que no se perdiera de vista la planificación a largo plazo.

Todo eso creó un mercado libre de compra y venta de energía, que en su gran mayoría funciona a través de contratos directos entre los generadores y los distribuidores, a dos o tres años. El resto, más o menos el 15 por ciento de toda la energía, la negocian en una bolsa, un precio que también sirve de referencia para los contratos directos.

Todo eso cambió pero la apuesta se mantuvo en la energía que viene de los embalses de agua. Por eso las grandes inversiones han sido represas como El Quimbo en el Huila, Urrá en Antioquia o Hidrosogamoso en Santander, mientras que el incentivo a las centrales más pequeñas o a energías alternativas como la eólica o la solar aún es marginal. Y por eso el sistema sigue siendo frágil ante el Niño y el cambio climático.

Todas las grandes hidroeléctricas funcionan con embalses que guardan el agua para irla soltando a voluntad, de tal forma que esa corriente mueva una turbina y genere energía. El problema no es que desde diciembre esté bajando el nivel de los embalses, porque en esos meses de sequía siempre se reducen, sino que en septiembre y octubre, cuando debía llover, el nivel del agua no aumentó lo suficiente por el Niño.

Y por eso ya desde septiembre, cuando se agravó la sequía, la revista Dinero sacó un número con la portada “¿Riesgo de apagón?”.

Como los embalses no estaban subiendo lo suficiente y las empresas que les compran energía para venderla a los hogares vieron que había menos oferta, el precio en la bolsa se disparó. La señal del mercado sobre la gravedad del problema fue clara: mientras en épocas normales el precio ronda los 200 pesos por kilovatio en ese momento llegó a más de 2 mil pesos.

Por eso el 20 de septiembre se activó el plan B.

El otro golpe del petróleo barato

Tomá González duró año y medio como ministro, y ha sido el Ministro de Minas y Energía que más ha durado en los dos gobiernos de Santos.
El sistema está hecho para reaccionar al Niño poniendo a trabajar más a las termoeléctricas, que normalmente operan a media marcha. Y eso fue lo que empezó a ocurrir en septiembre, cuando las termoeléctricas pasaron de producir entre el 20 y el 25 por ciento de la energía a casi el 50.

Para estos momentos difíciles, desde hace muchos años la Creg creó el famoso cargo por confiabilidad: las termoeléctricas o hidroeléctricas que puedan y quieran se comprometen a vender energía a precios bajos cuando las cosas se ponen difíciles, a cambio de recibir la plata de ese cargo (que pagan todos los consumidores). Es el equivalente a pagarle a una ambulancia por estar disponible o a un taxi para que esté esperando y preste su servicio tan pronto haya una emergencia.

Las generadoras deben usar esa plata del 'cargo por confiabilidad' para estar listas cuando se necesiten: deben hacer los mantenimientos a tiempo, actualizar los equipos, tener en su nómina los ingenieros que se requieran para operarlos.

La plata que se recoge por ese cargo ha sumado unos mil millones de dólares al año, en promedio, en los últimos 5 años. Es decir, cada año todos los consumidores de energía pagan por tener esas plantas listas el equivalente al doble del presupuesto del Valle para este año o a unas 20 veces lo que vale el programa Ser Pilo Paga.

Esas 'ambulancias' empiezan a operar cuando en la bolsa el precio supera un índice llamado “precio de escasez”, que sirve como alarma para mostrar que el precio está muy alto. Es decir, que no se está generando lo suficiente.

Cuando la Creg lo créo hace una década decidió amarrarlo al del precio del fuel oil #6 en el puerto de Nueva York: cuando en Colombia se está vendiendo la energía a precios más altos que ese combustible en Nueva York, las termoeléctricas deben empezar a funcionar a todo vapor. Y la energía que producen la deben vender a un precio de bolsa que es menor a ese precio de escasez.

El problema es que la venta de ese combustible en Nueva York refleja otro mercado (se vende para refinerías y en otro país), por lo que no necesariamente es un buen espejo al cual mirarse: el costo de generar de las termoeléctricas acá no depende de la venta de ese fuel oil en Estados Unidos.

De hecho, inicialmente las termoeléctricas estaban preparadas para consumir gas. Pero como desde 2006 quedó claro que a mediano plazo habría poco gas en el país, la Creg empezó a facilitar que operaran también con diésel - en esa época, por ejemplo, amarró el precio de escasez al fuel oil #6 porque encontró que todas las térmicas podrían usarlo para generar energía a precios rentables.

Aunque muchas térmicas se prepararon para poder usar combustibles como fuel oil o diésel, el gas seguía siendo más barato y lo sigueron usando. Pero, ante la carencia cada vez mayor de gas natural (los grandes campos frente a La Guajira se están agotando, Venezuela no ha cumplido su promesa de exportar y la planta regasificadora de Cartagena se demora hasta diciembre para poder proveer a las térmicas de la región), ahora están funcionando con diésel.

El problema es que el diésel subió de precio por el cierre de la frontera por Venezuela en agosto del año pasado, justo cuando estaba arrancando el Niño, lo que hizo que de golpe aumentara la demanda por diésel (porque el contrabandeado desde Venezuela salió del mercado).

Además, como el rìo Magdalena estaba seco, las barcazas con diesel tenían que salir más livianas de la refinería de Barrancabermeja, lo que obligó a más viajes, y a que todos fueran más caros. Aunque el Ministerio decidió importar diésel por Buenaventura para Termoemcali y Termovalle, y ahora está llegando en carrotanques desde la Refinería de Cartagena, eso hizo subir en mil pesos el galón.

En contraste, el fuel oil estaba bajando en todo el mundo por cuenta de la caída en los precios del petróleo. Por eso, el precio de escasez bajó de alrededor de 450 pesos por kilovatio a unos 300 pesos, mientras que la de generar está entre 500 y 700.

Eso ha llevado a las termoeléctricas a perder más de 300 mill millones de pesos mensuales desde septiembre, cuando tuvieron que ponerse a operar a toda. Y fue el último empujón para la quiebra de Termocandelaria, que había sido tan mal manejada que mientras las demás térmicas siguen trabajando aunque a pérdida, ésta tuvo que ser intevenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en noviembre y solo en febrero logró volver a producir a toda su capacidad.

Para aliviar el problema financiero de las térmicas y evitar que empezaran a fundirse cuando más se necesitan, a inicios de noviembre el entonces ministro Tomás González decidió subir el precio de escasez de las plantas diésel de 300 a 470 pesos, lo que les permitió a estas aumentar el cobro en 6 o 7 pesos por kilovatio en estrato uno y 2.900 en estrato seis. Es decir, los consumidores empezaron a ayudar a que las térmicas sobreaguaran - pero, aunque se redujeron las pérdidas de las termoeléctricas, la mayoría sigue trabajando sin lograr el a punto de equilibrio.

Ese aumento en el precio de escasez solo va hasta el 28 de abril, y hay que ver si la actual ministra encargada, María Lorena Gutiérrez, lo mantiene. De lo contrario, las termoeléctricas pueden terminar quebradas.

En todo caso, las termoeléctricas solo tienen la capacidad para producir más o menos la mitad de toda la energía que demanda el país, por lo que más allá de todo este debate, las hidroeléctricas siguen siendo fundamentales. Y están en muy mala situación.

Todo mal

La super ministra María Lorena Gutiérrez quedó encargada del sector mientras Santos encuentra un ministro
Con las hidroeléctricas con poca agua, la entrada en funcionamiento de El Quimbo (de propiedad de Emgesa) se volvió una decisión fundamental para alejar el fantasma del apagón.

En junio la compañía empezó a llenar el embalse, pero un mes y medio después el Tribunal Administrativo del Huila ordenó suspenderlo por un riesgo de contaminación de las aguas. En las semanas siguientes empezó el fenómeno del Niño y por eso la presión para tener esa nueva hidroeléctrica empezó a crecer, y en octubre , por la emergencia económica decretada tras el cierre de la frontera en Venezuela, el Gobierno sacó un decreto reabriendo la represa con el argumento de que tenía que hacerlo para que el río Magdalena tuviera más agua y se pudieran sacar las exportaciones de carbón de Santander por esa vía.

Pero la pelea creció: el 10 de diciembre, menos de una semana antes de salir a vacaciones judiciales, la Corte Constitucional tumbó el decreto, y el 16 de diciembre Emgesa paró las turbinas.

Aunque el Ministerio pidió al Tribunal levantar la suspensión, las vacaciones impidieron que se pronunciara, por lo que el Ministerio presentó una tutela el 24 de diciembre. El 7 de enero un juez le dio la razón y el 11 de enero la hidroeléctrica volvió a generar, una noticia que produjo alivio en el sector:

Con El Quimbo andando y las termoeléctricas produciendo, el fantasma del racionamiento parecía lejano. Y como el problema en últimas es de dependencia del agua y de falta de ella, en ese momento no era mucho más lo que se podía hacer.

Pero el daño en Guatapé, una hidroeléctrica de EPM, el 15 de febrero dejó al país con 10 por ciento menos de energía y al borde del racionamiento.

En esa central antioqueña, que produce energía directamente y además libera las aguas para alimentar otros dos embalses (La Playa y San Carlos), se quemaron dos cables que dejaron inservibles las turbinas. Y eso no solo deja esa central sin funcionar sino que también hace muy difícil sacarle el agua al embalse.

Dos semanas después Termoflores (una central de Celisa ubicada en Barranquilla) se dañó y se redujo la energía que se puede generar en otro 4 por ciento.

Por eso, el plan A de hacer energía con agua está muy maltrecho, el plan B anda pero en muletas y el plan C, importar energía de Ecuador y permitirle a las industrias generar su propia energía y vender lo que les sobre, no alcanza a matar el fantasma porque no completa todo lo que hace falta.

Aunque existe un Plan D, el llamado plan de desabastecimiento que creó la Creg en 2014, como no hay cómo producir más energía, tampoco sirve.

Por eso el fantasma solo desaparecerá si se gasta menos mientras los embalses se recuperan y Guatapé puede volver a funcionar, lo que ocurrirá a un cuarto de su capacidad hacia mayo.

Hacia el futuro, lo que está claro es que el sistema es frágil frente al Niño, porque depende mucho del agua y no tiene un colchón tan grande entre la energía que puede ofrecer en caso de necesidad, y la que se consume ordinariamente.

Si bien los lados flacos de la producción de energía en el país no los podía solucionar un solo ministro en dos años (salvo quizás haber arrancado la campaña de ahorro mucho antes), debido a que ejecutar proyectos en ese sector es una tarea de largo aliento, lo cierto es que en los ocho años de Uribe y los seis que lleva Santos el país hubiera podido avanzar mucho para atajar una crisis de estas avanzando en diversificar las fuentes, en asegurar más gas y en tener más capacidad de generación con agua y eso no sucedió.

Mientras tanto, el fantasma del apagón seguirá recorriendo el país.


http://lasillavacia.com/historia/asi-nacio-y-crecio-el-fantasma-del-apagon-53339
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Slavoj Zizek y el chiste del obrero alemán.

En un viejo chiste de la difunta República Democrática Alemana, un obrero alemán consigue un trabajo en Siberia; sabiendo que todo su correo será leído por los censores, les dice a sus amigos: “Acordemos un código en clave: si os llega una carta mía escrita en tinta azul normal, lo que cuenta es cierto; si está escrita en rojo, es falso”. Al cabo de un mes, a sus amigos les llega la primera carta, escrita con tinta azul: “Aquí todo es maravilloso: las tiendas están llenas, la comida es abundante, los apartamentos son grandes y con buena calefacción, en los cines pasan películas de Occidente y hay muchas chicas guapas dispuestas a tener un romance. Lo único que no se puede conseguir es tinta roja”.

¿Y no es esta nuestra situación hasta ahora? Contamos con todas las libertades que queremos; lo único que nos falta es la “tinta roja”: nos “sentimos libres” porque carecemos del lenguaje para expresar nuestra falta de libertad. Lo que esta carencia de tinta roja significa es que, hoy en día, todas las principales expresiones que utilizamos para designar el presente conflicto —“guerra contra el terror”, “democracia y libertad”, “derechos humanos”— son falsas, enturbian nuestra percepción de las cosas en lugar de permitirnos pensar en ellas. La tarea que se nos plantea hoy en día es darles a los manifestantes tinta roja.

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/27/actualidad/1425057639_993562.html

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Tobie Mining Inc. demanda a Colombia por 16.5 billones de dólares



22 de Marzo de 2016
Al que no quiere caldo: Tobie Mining Inc. demanda a Colombia por 16.5 billones de dólares
Por: Marco Velásquez-Ruiz
Publicado en: Desmarcado
El 19 de febrero de 2016 el gobierno colombiano fue notificado de una demanda instaurada por la empresa multinacional Tobie Mining Inc., en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos y Colombia en 2006, por 16,5 billones de dólares. Sin embargo, sólo hasta hace muy poco se conoció el texto de la demanda que amenazaría la estabilidad del país tanto a nivel fiscal como socioeconómico. Ya no se trata de amenazas vagas -como se ha querido mostrar por un sector de la opinión pública-, sino que nos encontramos frente a un hecho cierto. Frente al silencio de las autoridades al respecto, considero no sólo relevante sino moralmente necesario visibilizar el caso e ilustrar las exorbitantes pretensiones de esta empresa, que están soportadas en argumentos sorprendentes.


Divide y reinarás: la estrategia fallida de Tobie Mining Inc.
Esta historia empieza en octubre de 2009 con la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. Por primera vez en la historia del país se daba curso a una solitud hecha directamente por autoridades tradicionales indígenas -agrupadas alrededor de la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis- para proteger el medio ambiente de la Amazonía colombiana y su supervivencia de la comunidad. De forma inexplicable, dos días después de la creación del parque, la empresa Tobie Mining recibió de Ingeominas un título minero (el contrato de concesión IGH-15001X) para extraer oro dentro de dicha área, por 29 años.
Como es sabido, la constitución colombiana prohíbe el otorgamiento de títulos mineros dentro de áreas protegidas, como el Yaigojé-Apaporis. Por lo tanto, frente a esta absurda situación, en 2011 la procuraduría le solicitó a Ingeominas el retiro y desalojo de las actividades mineras en el área. Esta solicitud vendría a ser confirmada en 2013 cuando la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad del título minero y la consecuente suspensión total del contrato de concesión respectivo. Aun cuando es cierto que el título minero fue otorgado por el estado colombiano, también lo es que éste estaba en contra del órden constitucional y era abiertamente perjudicial para los intereses del país. Por lo tanto, las autoridades estaban obligadas a su cancelación en pos de proteger intereses públicos superiores.
La empresa norteamericana no se quedaría quieta frente a esta situación. Según información revelada por varios medios, representantes de Tobie ejercieron influencia indebida dentro de la asociación indígena, lo que propició la creación de un grupo disidente: la asociación Acitava. Esta nueva asociación, movida por las promesas de una participación del 20% de la concesión, instauró una acción de tutela en contra de la creación del parque nacional natural, argumentando que no se había adelantado un proceso de consulta previa con ellos. Esto se hizo con el fin de eliminar cualquier impedimento para poder extraer oro en la zona, aun a costa de las afectaciones al medio ambiente y la supervivencia misma de los grupos indígenas.
Finalmente, en septiembre de 2015 la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y confirmó no sólo la existencia del parque Yaigojé-Apaporis, sino la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación minera de Tobie Mining, y ordenó la no expedición de títulos mineros a futuro. En un acontecimiento que parece salido del realismo mágico, un líder la disidente Acitava confesó que detrás de la tutela había estado dicha compañía y su asesoría legal, sin perjuicio de que incluso hubiera tenido que ver con las diferencias internas en la comunidad que desencadenaron la acción judicial.
Las que no se ganan tampoco se pierden: Colombia es demandado ante arbitraje de inversión
Frente a su derrota en las cortes colombianas, Tobie Mining Inc. asumiría una actitud aún más beligerante -y en mi opinión, cínica- que la ya mostrada hasta el momento. Amparada en el tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos (su país de origen) y Colombia, la empresa decidió someter el caso ante un tribunal de arbitraje de inversión con el fin de que se condenara a nuestro país a revertir la decisión tomada respecto de sus intereses económicos -la cancelación del título minero-. O En su defecto, que se le indemnizara por la exorbitante cantidad de 16,5 billones de dólares, “valor justo del mercado” de acuerdo a los estimativos de depósitos de oro y hierro en el área de la concesión.
La demanda tiene una serie de particularidades que merecen ser contadas a la opinión pública. En una gravísima acusación, la compañía minera señala que las funcionarias públicas Julia Miranda Londoño -directora de Parques Nacionales Naturales- y Claudia Teresa Cáceres Domínguez -coordinadora del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior- concertaron para falsificar registros de la consulta previa que era necesaria para la creación del parque Yaigojé-Apaporis. Igualmente, se dice que con ocasión de la visita de los magistrados de la Corte Constitucional a la zona para verificar las condiciones de la concesión debido a la tutela impuesta por Acitava, funcionarios de Parques Nacionales Naturales entrenaron a varios miembros de la comunidad para tergiversar los intereses y opiniones del grupo disidente. Muy lejos de lo que la Corte Constitucional estableció en su momento.
En consecuencia, y forma sorprendente, señala la empresa demandante que la supuesta expropiación a la que ha sido sometida es el resultado de maniobras fraudulentas por parte de diversos actores públicos y de la sociedad civil colombiana para que finalmente se constituyera el parque Yaigojé-Apaporis. En concreto, dice que “Es claro entonces que [Julia Miranda] Londoño, Parques Nacionales Naturales – PNN, la Agencia Nacional de Minería – ANM, [Claudia Teresa Cáceres] Domínguez, y la Fundación Gaia Amazonas, se vieron inmersos en una conspiración civil para cometer fraude y forzar la existencia del Parque Yaigojé-Apaporis, sin proveer ningún tipo de compensación por dicha expropiación”, y que por ende “el curso que ha tomado la conducta de Colombia, de acuerdo a lo acontecido a través de sus agencias, cortes y representantes, muestra de forma clara que una oportunidad limpia ante una corte en derecho y bajo las reglas del debido proceso no está disponible.” Es decir, Tobie Mining quiere mostrar a Colombia como un nido de corrupción a todo nivel, y que bajo dicho contexto hubo una confabulación general contra su inocente y recto proceder.
Cuando se piensa en la cantidad reclamada por Tobie Mining como indemnización por la suspensión definitiva de su título minero, es imposible mantener la calma. Estamos hablando de 16,5 billones de dólares -alrededor de 49,6 billones de pesos-, lo que representa el 11,8% del presupuesto de Colombia para 2016 y, en particular, sobrepasa la cantidad destinada para gastos de inversión en el mismo período -40,6 billones de pesos. Por lo tanto, de mediar una condena contra el país, las consecuencias a nivel fiscal y social serían incalculables. Con mayor razón si se tiene en cuenta que ésta no es una época boyante para la economía colombiana, y que además el país se apresta a realizar grandes erogaciones como consecuencia de la puesta en marcha del postconflicto. Para entender un poco la dimensión de esta demanda, hay que decir que, hasta el momento, la mayor condena que un tribunal de arbitraje de inversión ha proferido contra un estado fue de 1 billón de dólares, contra Ecuador, luego de una demanda interpuesta por la petrolera Oxy. Cuando menos escalofriante. Parece que una vez más nos vieron la cara de buenas gentes.
¿Es este el tipo de inversionistas extranjeros que quiere -y merece- nuestro país? ¿Será que los tratados de inversión negociados por Colombia, y en particular sus vagos estándares y mecanismos de solución de controversias, se ajustan a las condiciones de reciprocidad y dignidad que cualquier estado soberano merece? ¿Por qué es nuestro país uno de los pocos países de la región que se empecina en apoyar de forma irrestricta este tipo de acuerdos económicos internacionales? ¿Cuántas demandas más tendrán que serle notificadas al gobierno para que las autoridades competentes asuman una actitud transparente y decidida frente a este tipo de situaciones que amenazan la sostenibilidad fiscal y social de Colombia? Estas son preguntas que, por ahora, no tienen respuesta.
Twitter: @desmarcado1982

 

 

 

http://blogs.eltiempo.com/desmarcado/2016/03/22/tobie-mining-demanda-colombia/

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