El clan que se robó la costa (I)


por JOAQUÍN ROBLES ZABALA


Es el grupo político más poderoso que ha tenido la costa norte colombiana en los últimos 40 años. Y a pesar de su debacle, en 2014 sacaron congresistas y hoy sueñan con la alcaldía de Cartagena.

 


La tercera es la vencida, reza el adagio, pero para Jairo Alberto Verbel Villadiego, más conocido como Mono loco, un exparamilitar que según las autoridades de Sucre fue durante muchos años el hombre de confianza del desaparecido líder de las Autodefensas Unidas de Colombia Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, la suerte se le acabo en la séptima oportunidad que los sicarios dispararon contra el auto en el que viajaba en compañía de su esposa y su pequeña hija. Hacía apenas unos meses, mientras transitaba por el barrio El Cabrero de Sincelejo fue sorprendido por una ráfaga de disparos. El exparamilitar resultó ileso en esa oportunidad pero en el hecho murió un indigente que pasaba por el lugar cuando se desató la balacera.
El Mono loco era señalado por las autoridades de ser el autor material de una veintena de homicidios y de una docena de intentos de asesinatos. Había sido recluido en varias cárceles de la costa norte colombiana donde trataron de asesinarlo en tres oportunidades. El 13 de noviembre de 2014 tenía poco tiempo de haber abandonado su sitio de reclusión en Las Mercedes, Montería, cuando una ráfaga de disparos impactó su cuerpo, matándolo al instante, e hiriendo a la pequeña de dos años que lo acompañaba. Milagrosamente su esposa, que viajaba a su lado, resultó ilesa.
Nada de lo anterior debería sorprender si se piensa que el paramilitarismo ha sido, al igual que las guerrillas y las bandas criminales, uno de los factores generadores de violencia más significativos de la historia colombiana. Sin embargo, la muerte del paramilitar Jairo Alberto Verbel Villadiego debería ser para las autoridades -por lo menos- el punto de arranque de las pesquisas que den con la captura de los sicarios y los autores intelectuales del crimen, pues era el último de los testigos clave de la Fiscalía General de Nación contra una de las investigaciones que el ente acusador lleva contra Álvaro “El Godo”  García, un excongresista sucreño -cuñado de la también exsenadora Piedad Zuccardi- condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia a pagar cuarenta años de presión por ser considerado el cerebro de la masacre de Macayepo en septiembre de 2000, donde perdieron la vida quince campesinos.
El Clan García, como se le conoce abiertamente en la costa norte colombiana, especialmente en Sucre y  Bolívar, es, sin duda, uno de los grupos políticos tradicionales más poderosos de la región. Durante las últimas décadas ha manejado gran parte de los municipios de estos dos departamentos como si se tratase de un negocio familiar, ha colocado en sus respectivas administraciones a los alcaldes y gobernadores que ha querido y ha desangrado las arcas municipales y departamentales de manera sistemática, prolongando de esta forma la pobreza que ha caracterizado a una de las regiones, contradictoriamente,  más activas del país en cuento a ganadería se refiere.
La historia de este cacicazgo político es larga y parece sacada de la célebre novela El padrino, de Mario Puzo. Su ascenso meteórico al panorama nacional se dio en la década del ochenta, pero fue en los noventa, durante el cuestionado mandato presidencial de Ernesto Samper Pizano, cuando el país supo de su existencia, a través de las denuncias hechas por el entonces excandidato a la presidencia de la República Andrés Pastrana, quien destapó el escándalo de los narcocasetes que dio origen al recordado Proceso 8000.
Sin embargo, en 1988, Álvaro García Romero, una de las figuras más representativas del clan, un hombre de casi doscientos kilos y de rostro colorado, fue el centro de un escándalo al incluir, en el debate definitorio  de la Cámara de Representas, el ‘orangután’ que echó al traste el proyecto de Reforma Agraria propuesta por el entonces presidente Virgilio Barco y que, por el contrario, benefició a los terratenientes del país y dejó mal parado a los campesinos más pobres de la nación.
En la década del noventa, la fortuna del clan creció como la espuma de una cerveza recién destapada, pero así mismo sus escándalos. En una conversación que las autoridades interceptaron al capo del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela con el periodista y  relacionista público Alberto Giraldo López salieron a relucir los nombres de Juan José y Álvaro García, a quienes se les había hecho entrega de unos cheques cuyos montos no fueron esclarecidos pero que les permitió a los entes de seguridad del Estado poner su lupa sobre el Clan García. Poco después, Juan José, senador de República y esposo de Piedad Zuccardi, se encontró nuevamente en el ojo del huracán cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigó por la apropiación de 110 millones de pesos de auxilios parlamentarios. En 2007, la misma Corte determinó su culpabilidad y lo condenó a tres años y medio de presión por el delito de peculado  por apropiación. Pero los acontecimientos que llevarían a los miembros de este clan a protagonizar los escándalos políticos de corrupción más recordados de la región Caribe, aún estaban por darse.
Todo parece indicar que para este grupo de caciques electoreros los escándalos se han constituido en una forma eficaz de hacer política. No olvidemos, entre otros, a Héctor García Romero, un reconocido constructor de ‘La Heroica’, quien en 1992 le propuso al alcalde de entonces, a través del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana [Inurbe], la adquisición de los terrenos de Chambacú para llevar a cabo un proyecto urbanístico. Como era de esperarse, el proyecto se adjudicó, pero poco después, como cosa curiosa, el mismo proponente se convirtió en el gerente del cuestionado Inurbe. La razón: el alcalde de entonces era su hermano Gabriel García Romero y el ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, un conocido de la familia.
Ocho años después de este escándalo, el país conoció el entuerto del miti miti por la liquidación de la empresa telefónica de Cartagena, Telecartagena. La publicación del audio de unos casetes por el entonces gerente de la empresa, Francisco Martelo, dejó al descubierto una lista larga de contratos ilegales que involucraban al exsenador Juan José García y a su grupo familiar. Entre los delitos que se le atribuían se encontraban contratos millonarios adjudicados a dedo por más de 880 millones de pesos, sobrevaloración en los contratos de translación de líneas, nóminas paralelas, pagos a contratistas inexistentes y anticipos económicos sin la firma legal de los contratos. No hay que olvidar que los García Romero apoyaron económica y políticamente tanto a Ernesto Samper Pizano como a Andrés Pastrana en la intención de estos de llegar a la  Casa de Nariño.
No obstante, cuando los contradictores del cuestionado emporio veían claro el debilitamiento y su posterior caída,  los García Romero se alzaron de su casi muerte política como el mítico Ave Fénix de sus cenizas. Teresita García Romero, hermana de Juan José y Álvaro, fue nombrada cónsul en Fráncfort, Alemania, y ‘El Gordo’ obtuvo una curul en el senado de la República.
Por eso, a nadie le extrañó en  Cartagena de Indias lo que vino después: la muerte política de los hermanos García Romero, pero el surgimiento de una nueva camada dispuesta a restaurar y sacar adelante el negocio familiar. Fue así en 1998, Piedad Zuccardi, respaldada por la Nueva Fuerza Liberal, cuyo líder en los departamentos de Bolívar  y Sucre era su esposo, el exsenador Juan José García, alcanzó una silla parlamentaria con una de las votaciones más altas de los candidatos al Congreso de ese año: más de 80 mil sufragios. Sin embargo, ese triunfo que parecía ser el triunfo del juego democrático se convirtió nuevamente para el clan en una especie de Espada de Damocles. Las sospechas de que detrás de aquella masiva votación se movían como nubarrones las fuerzas oscuras del paramilitarismo de la región fue el primer campanazo de alerta para las autoridades. El nombre de Alfonso “El Turco” Hilsaca, un cuestionado personaje cuyas empresas han estado siempre asociado en los últimos veinte años a la política local y a las múltiples contrataciones que el distrito y el departamento llevan a cabo con estas, salió a relucir poco después.
Hilsaca, que saltó de ser un trabajador raso del desaparecido Terminal Marítimo de Cartagena a un hombre con una enorme fortuna, ha tenido sobre sus espaldas varias investigaciones de la Fiscalía. A pesar de los señalamientos que lo sindican de ser el autor intelectual de  una veintena de homicidios cometido en La Heroica y su alrededores, entre estos el de cuatro prostitutas que fueron baleadas en febrero de 2003 frente a las bancas que se alzan a un costado del emblemático Reloj Público, la suerte parece sonreírle no obstante de que alias Juancho Dique, el sanguinario exparamilitar del frente Héroes del Canal del Dique, haya declarado en versión libre para la Fiscalía sobre las reuniones que sostuvo con  Hilsaca y un grupo de alcaldes del departamento para hablar, entre otros temas, de la participación de las empresas del “Turco” en los contratos de los municipios.
Para Piedad Zuccardi, actual matrona del clan García, los señalamientos anteriores solo hacen parte del repertorio de cuentos chinos y las acusaciones falsas con las que se ha intentado vincular a su núcleo familiar con el paramilitarismo. A pesar de la negativa de la exsenadora, de acusar a sus enemigos políticos de fabricar testigos  que la señalan de ser partícipe de las reuniones con Iván Roberto Duque o alias Ernesto Báez, uno de los cabecilla del Bloque Central Bolívar de las AUC, las investigaciones realizada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación contradicen sus afirmaciones.
No hay que olvidar que Zuccardi fue la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe en Bolívar y Sucre  y una de las responsables de esa masiva votación que lo llevó a la Casa de Nariño. Desde entonces su relación con el presidente y su entorno político fue estrecha. Unidos por ese vínculo que parecía irrompible, los beneficios económicos para el clan fueron inmensos, pues muchos de los familiares y cercanos a la senadora se beneficiaron de millonarios contratos con el Estado.

http://www.semana.com/opinion/articulo/joaquin-robles-zabala-el-clan-que-se-robo-la-costa-i/432173-3

 

 

2015/06/30 19:13


El clan que se robó la costa (II)

por JOAQUÍN ROBLES ZABALA

 


Para el clan García Romero-Zuccardi, el color político 
es lo de menos, lo importante es el poder. De ahí que 
hayan apoyado por igual las candidaturas a la 
presidencia de Samper, Pastrana, Uribe, Zuluaga y 
Santos.

 


El escándalo de  la Corporación Autónoma Regional del 
Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, una entidad 
representada en los noventa por Eduardo Hernández 
Peña, primo de Juan José García, y cuya finalidad era 
la prevención y mitigación de inundaciones en varias 
regiones del país, fue apenas la punta de un 
gigantesco iceberg. En 2010, un año después de haber 
recibido los anticipos correspondientes para la 
realización de las obras de mejoramiento y adecuación 
de las riberas del Canal del Dique, se produjo la 
catástrofe que dejó gran parte de esa zona del 
departamento de Bolívar bajo el agua. Las lluvias 
intensas cayeron durante más de quince días seguidos y 
muchas familias perdieron sus casas. Las aguas del  
río abandonaron su cauce y, desde arriba, las cámaras 
de los noticieros que sobrevolaban la zona inundada 
dejaban ver un panorama desolar: animales muertos 
flotando en las aguas estancadas, cosechas perdidas y 
un enorme boquete de varios metros abierto por la 
fuerza de las aguas que dividió la carretera en dos y 
represó la circulación de los automotores que entraban 
o salían en dirección a Cartagena y los corregimientos 
y municipios vecinos.
“Sobre eso no tengo ninguna responsabilidad y no he 
tenido ninguna injerencia”, declaró la entonces 
senadora Zuccardi para la cadena radial Caracol. Así 
mismo explicó que quienes buscaban vincularla con la 
situación, crearon una relación inexistente, pues ella 
no tuvo nada que ver con los contratos que se le 
adjudicaron a Cormagdalena y que la persona a cargo de 
los trabajos de reparación de la ribera era solo un 
primo segundo de su marido, por lo que Hernández Peña 
y quienes adjudicaron las obras debían responder por 
esa lamentable situación. Y concluyó diciendo que 
detrás de esos señalamientos que buscaban crearle 
lazos con Cormagdalena solo se pretendía dañar su 
imagen y su trabajo como senadora de la República.
En Cartagena de Indias, donde Piedad Zuccardi y su 
esposo Juan José García tienen desde hace varias 
décadas su residencia, muy pocos creyeron su versión. 
Los rumores que corrieron por las calles, esquinas y 
plazas de La Heroica no eran solo la innegable 
responsabilidad del clan en el desastre que afectó un 
número amplio de familias que cada año sufría los 
desbordamientos, sino que los dineros de los anticipos 
para darle solución al problema habían sido desviados 
a otros negocios que no tenían nada que ver con la 
contención del cauce del río. Lo anterior pareció 
cobrar fuerza después de que los medios de 
comunicación mostraran las imágenes devastadoras de la 
naturaleza implacable y los directivos de Cormagdalena 
corrieran a taponar con bolsas de arena y estacas de 
madera las orillas del canal para evitar así que las 
furiosas corrientes del río siguieran fluyendo hacia 
los cultivos de arroz y maíz que habían quedado 
sumergidos.
La influencia de los García Romero-Zuccardi llegó a 
ser tan amplia en Bolívar y Sucre que sus decisiones 
eran órdenes. No solo parecían tener el poder político 
y económico de la región sino que mantenían 
prácticamente un control de vigilancia policial sobre 
ese caudal de votantes que habían conquistado con 
tramoyas, regalos, empleos y amenazas. Lo anterior se 
hizo más evidente cuando, al ganar su curul en el 
Senado, el “Gordo” García insultó al comandante de la 
Policía de Sucre porque este, al cierre de la jornada 
electoral, no le permitió entrar a las oficinas de la 
registraduría donde los jurados hacían un recuento de 
los votos. Recuerdan los testigos del hecho que García 
 agarró por la solapa del uniforme y lo amenazó: “Voy 
hacer que te echen de esta mierda”.
Al parecer, no era la primera vez que ese hombre de 
aspecto intimidante, alto y de cuerpo voluminoso 
utilizaba la fuerza física para lograr un propósito. 
Muchos políticos y alcaldes de la región le temían. Su 
fama belicosa y su rostro siempre serio producían 
escozor entre sus contradictores.  Resulta imposible 
olvidar las palabras de Eudaldo León Díaz Salgado, 
Tito para su amigos, el asesinado exalcalde del 
municipio del Roble, Sucre, aquella tarde en que, en 
medio de uno de los consejos comunitarios del entonces 
presidente Álvaro Uribe, tomó el micrófono para 
informarle al mandatario que su cabeza tenía precio y 
que le prestara seguridad porque lo iban a matar. El 
resultado de aquella denuncia la conoce muy bien el 
país: ni el Álvaro Uribe le prestó seguridad, ni las 
autoridades locales hicieron lo suficiente para 
preservarle la vida.
Los únicos que sí tomaron atenta nota de aquella 
intervención fueron los esbirros de Salvador Arana --
gobernador de Sucre y amigo personal de Álvaro García 
Romero--, quienes, desde ese instante, pusieron en 
funcionamiento la máquina de la muerte que terminaría  
con la vida del militante del Polo Democrático.
Era tanto el temor que infundía  el “Gordo” entre sus 
subalternos políticos que los ganaderos del 
departamento debían aportar sus cuotas económicas 
mensuales para la seguridad de la región y, asimismo, 
asistir sin contratiempo a las reuniones que se 
programaban en alguna de las fincas  ganaderas de 
Sucre. Esto le ganó el apodo del mecenas del 
paramilitarismo, pues según la Corte Suprema de 
Justicia, en la sentencia que lo condenó a cuarenta 
años de cárcel, fue él --con la ayuda de los Castaño y 
el apoyo de Salvador Arana y Rodrigo Mercado Pelufo, 
alias Cadena, entre otros— quien le dio vida a ese 
proyecto sanguinario en esa zona del país que no solo 
buscaba defender sus propiedades de los posibles 
ataques de la guerrilla, sino también mantener una   
hegemonía política que fuera tan eficaz como una 
tenaza. Esto implicaba sellar un pacto en el que las 
administraciones de Sucre y Bolívar giraran en torno a 
ese proyecto. 
Fue así como en el 2004 Jorge Anaya, quien fuera 
investigado por la Corte Suprema de Justicia y 
condenado posteriormente por concierto para delinquir, 
organizar, promover y financiar grupos armados al 
margen de la ley, llegó a la Gobernación de Sucre. 
Según declaraciones de Marco Tulio Pérez, alias El 
Oso, para un fiscal de Justicia y Paz, ese año él y 
sus hombres le aportaron al futuro gobernador un poco 
más de 130 mil votos y Rodrigo Mercado Pelufo le hizo 
entrega de 1500 millones de pesos para la compra de 
sufragios en la capital sucreña, souvenirs y gastos 
adicionales para la campaña. Pero Anaya le aportó, ya 
como gobernador, un poco más de 200 millones de pesos 
para la compra de armamentos y  una cifra similar para 
la adquisición de automóviles. Claro que detrás de 
este entramado criminal estaba la mente perversa de 
Álvaro García Romero, a quien la Corte Suprema de 
Justicia lo encontró culpable, en 2010, de los delitos 
de conformación y apoyo a grupo armados al margen de 
la ley, concierto para delinquir, asesinato y 
desplazamiento forzado con relación a la masacre de 
Macayepo.
Por eso, para las autoridades que investigaron las 
denuncias hechas contra la exsenadora Piedad Zuccardi, 
les resultaba difícil creer que esta hubiera 
permanecido al margen de los hechos que se sucedían en 
torno a su grupo político y familiar. Mientras que en 
Sucre el “Gordo” García imponía su ley, llevando a la 
Gobernación del departamento a Jorge Anaya, en el 
departamento de Bolívar Juan José García luchaba por 
sacar adelante la candidatura a la Gobernación de su 
amigo Alfonso López Cossio. Según declaraciones hechas 
por los jefes exparamilitares Diego Vecino y Ernesto 
Báez ante la Fiscalía, las reuniones en las que 
participó Piedad Zuccardi se dieron en torno a este 
tema, la Gobernación de Bolívar, ya que el otro 
candidato, el arjonero Libardo Simanca,  era la ficha 
de Enilce López, la Gata, y el empresario Alfonso 
Ilsaca para alcanzar la administración del 
departamento.
Para Zuccardi, todo lo anterior no ha sido otra cosa 
que un burdo montaje que busca enlodarla a ella y a su 
esposo con la parapolítica. Por otro lado, tanto Báez 
como Vecino han afirmado en reiteradas ocasiones para 
la Fiscalía que en reuniones posteriores, realizadas 
en una finca del municipio de Arjona, departamento de 
Bolívar, estuvo presente Carlos Castaño, quien se 
mostró complacido por la presencia de la entonces 
senadora. A esas mismas reuniones se hicieron 
presentes los mensajeros del entonces presidente del 
Congreso, Javier Cáceres Leal, de quien Zuccardi 
aseguró no haberlo conocido sino mucho tiempo después 
en circunstancias relacionadas con su actividad como 
congresista. Así mismo, ha expresado que ella es una 
ciudadana de bien que nunca ha atentado contra el 
Estado Social de Derecho, que el caudal de sus votos 
proviene de un proceso democrático limpio, sin 
contaminación.
A pesar de las declaraciones dadas por la exsenadora a 
los medios de comunicación, donde ha expresado su 
desacuerdo con el proceso judicial que se lleva en su 
contra, reafirmando no conocer aquellos testigos que 
dicen conocerla y que han sido la punta de lanza para 
la apertura de las investigaciones que hoy la tienen 
ad portas de una posible condena, tanto la Corte 
Suprema como la Fiscalía  han continuado compilando 
las pruebas con las que se busca llegar a la verdad de 
los hechos.
En Cartagena de India, ciudad adoptiva de la 
excongresista, las opiniones al respecto están 
divididas. Para algunos de los comentaristas políticos 
de esquina que abundan en La Heroica, no hay duda de 
esa relación oscura entre Zuccardi y su esposo con el 
paramilitarismo en Bolívar y Sucre. Para otros, el 
asunto no está del todo claro. En lo único en que se 
advierte un acuerdo equilibrado es que el clan García 
Romero-Zuccardi está debilitado, que la fuerza que 
manejó hábilmente la política de la región durante 
casi cuatro décadas empieza a sufrir fracturas.
Por otro lado, no hay que olvidar que este clan parece 
tener más vida que un gato, y que su supervivencia en 
lo últimos cuarenta años se ha debido a esa capacidad 
de mimetizarse. A lo largo de este tiempo ha sido fiel 
a la sentencia maquiavélica “el fin  justifica los 
medios”, lo que lo ha llevado a apoyar a los 
candidatos a la Presidencia de la República sin 
importar el color político. Lo hicieron con Ernesto 
Samper Pizano en 1994 a pesar del escandaloso Proceso 
8000, y con Andrés Pastrana cuatro años después. En el 
2002 se constituyó en la tenaza política de Álvaro 
Uribe Vélez en la costa norte colombiana, sumándole al 
triunfo un poco más de trescientos mil sufragios. Lo 
mismo hizo en el 2010 con Juan Manuel Santo y en el 
2014 dividió el caudal de votos entre el  candidato 
del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en la 
primera vuelta, y el actual residente de la Casa de 
Nariño en la segunda.
Que la exsenadora Piedad Zuccardi sea culpable o no de 
los hechos de los que se le acusa, eso lo decidirá la 
justicia. Pero no hay que olvidar que casi cuarenta 
años de poder hegemónico del clan en una de las 
regiones políticamente más controversiales de país no 
se borran de un plumazo como quien borra un tablero. 
En 2013, ante la grave enfermedad que llevó al alcalde 
Campo Elías Terán Dix a abandonar el Palacio de la 
Aduana, fue nombrado como burgomaestre interino Carlos 
Otero Gerdts, un ingeniero civil de sesenta años, 
egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, amigo 
personal de Piedad y Juan José, quien una vez 
posesionado desmontó el gabinete de Terán Dix y armó 
en su remplazo uno conformado por personas  cercana a 
los García-Zuccardi. Aunque la prensa hizo un poco de 
ruido al respecto, pues no había duda de que detrás de 
esta jugada se movían intereses oscuros que iban en 
contra del presupuesto de la ciudad, en la Casa de 
Nariño no hubo pronunciamientos al respecto. La razón 
era sencilla: el clan, dirigido ahora por la baronesa, 
le había aportado a la primera campaña del presidente 
Santos un poco más de doscientos ochenta mil votos, lo 
que se había constituido para el mandatario en un 
especie de deuda política cuyos intereses debían 
pagarse. Lo anterior empezó a tener sentido en 
diciembre de ese mismo año cuando Zuccardi y su marido 
llevaron a cabo en su residencia de Cartagena de 
Indias una despedida de año a la cual asistieron el 
Primer Mandatario y la Primera Dama y el procurador 
Alejandro Ordóñez y su señora esposa.
A nadie, por su puesto, le extrañó en Cartagena la 
presencia de tan importantes personalidades de la 
política nacional en la residencia de la controversial 
pareja, cuestionada por su cercanía con el 
paramilitarismo y cuyo clan ha estado en el ojo del 
huracán de la violencia en la región desde que el 
“Gordo” García fue condena por la Corte Suprema de 
Justicia por la masacre de Macayepo.
La reunión, más que un evento que tenía como propósito 
despedir el año viejo y recibir al nuevo, se 
constituyó, según lo expresado por algunos 
comunicadores cercanos al grupo, en una actividad para 
engrasar la maquinaria política con miras a las 
elecciones legislativas y presidenciales que se 
avecinaban. De esta reunión hicieron parte, entre 
otros, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, 
ficha clave de los García Zuccardi y amigo personal de 
la exsenadora, y un grupo muy cercano al parapolítico 
y expresidente del Congreso de la República Javier 
Cáceres Leal, también condenado por la Corte Suprema 
de Justicia y quien tiene pendiente otros cargos por 
un supuesto desfalco a la Dirección Nacional de 
Estupefacientes cuando era senador.

 


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