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Héctor Rojas Herazo: Límite y resplandor

Algo me fue negado desde mi comienzo,

desde mi profundo conocimiento.

Y he velado dulcemente

sobre las espadas que segaron mi luz.

Con nocturno rostro me he alzado

a batallar en el esplendor de mis dormidas normas,

con el pavor de mi júbilo primero

y en otra sombra abatida he pronunciado mi nombre,

mi tremendo, mi orgánico nombre,

mi nombre de filo y de simiente

bajo el sueño de un ángel.

Mis apetitos totales he derramado

como un tributo de reconocimiento,

mi olfato y mi tacto como duros presentes.

Mis olvidados sacrificios he reunido,

mis anteriores fuerzas,

mi casto furor,

mi más antiguo y añorado fuego.

Y he aquí que todas mis potencias

no logran arribar al límite de lo perdido.

En otra edad dichosa

mi palabra fue herida de terrestre amargura.

 

Tomado de aquí.

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Chocó y Cauca, diez años en el top de los más pobres del país

01 January 2013

 

 
El DANE reveló que el índice de pobreza en todo el país en el 2011 fue de 34,1%, pero Chocó, Cauca y Córdoba superan el 60%.


SEMANA/JUAN CARLOS SIERRA


Informa el Dane que más del 60 % de los habitantes del Chocó viven en la pobreza.,Según el DANE, los cinco departamentos con mayor incidencia de pobreza en el 2011 fueron Chocó, Cauca, Córdoba, Magdalena y La Guajira. En estos departamentos los índices de pobreza oscilaron entre el 57,4% y el 64%, más del doble de la incidencia de la pobreza a nivel nacional, que para el 2011 fue del 34,1%. 
El informe estadístico publicado por el DANE este miércoles revela que los elevados índices de pobreza en estos cinco departamentos se han mantenido casi constantes desde el año 2002. 
Chocó, en el 2002, registraba un índice de pobreza del 67,6%. En el 2005 lo elevó al 74,7%. 
Cauca, el segundo departamento más pobre del 2011 según el DANE, ha incrementado su pobreza en diez años, pues pasó del 57,8 que registró en el 2002, al 62,0% actual. En el 2010 fue el año en que alcanzó los mayores niveles de pobreza de su historia, con el 64,7%. 
Cauca, además, igualó a Chocó en el primer puesto de los departamentos con mayor índice de pobreza extrema. Ambos registraron el 34,3%.
La Guajira, según el DANE, es en la actualidad el quinto departamento más pobre del país. Pero también es el que más ha reducido sus niveles de pobreza en la reciente década, pues en el 2002 se elevaban al 67,2%, casi los mismos del Chocó, y en el 2011 se redujo al 57,4%. 
El informe anual del DANE señala que en el 2011 los cinco departamentos con menor incidencia de la pobreza fueron Bogotá D. C., Cundinamarca, Santander, Risaralda y Antioquia. Este grupo presentó incidencias. Bogotá presentó la tasa de incidencia más baja en 2011 (13,1%), que de hecho es alrededor de la mitad del valor de la incidencia que se dio en Antioquia (29,2%) y en Risaralda (27,0).  

 
http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-cauca-diez-anos-top-mas-pobres-del-pais/327064

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La tenaza de los García Romero

12 January 2013
La tenaza de los García Romero


PERFIL

El polémico clan García Romero con dos curules en el Senado le ha sacado todo el jugo al Estado en los últimos 20 años y ha sobrevivido a todo tipo de escándalos.

Mientras el mundo está en vilo por la suerte del presidente venezolano Hugo Chávez, en Cartagena se está viviendo un drama similar: el alcalde titular, Campo Elías Terán, cumplió 100 días incapacitado por un cáncer que hizo metástasis en el cerebro, en la zona media del tórax y en tres vértebras, y nadie sabe qué va a pasar.
En la ciudad amurallada, como en Caracas, la preocupación es por el manejo del poder. Los cartageneros han registrado cómo en ausencia de Terán, el alcalde designado, Carlos Otero, cambió gran parte del gabinete y dejó 13 Secretarías o cargos de ese rango en manos del grupo político de los García Romero.
Las dos cabezas del clan, los hermanos Juan José y Álvaro el ‘Gordo’ García Romero, ambos senadores por varios periodos, han tenido líos con la Justicia. El primero fue condenado porque desvió auxilios parlamentarios.  Al segundo también lo condenó la Corte a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Héctor, otro de sus hermanos, fue protagonista del escándalo de Chambacú. Y durante la Alcaldía de otro García Romero, Gabriel, se dieron escándalos como el del Puente Heredia, que se cayó a los pocos días de haber sido inaugurado. En un momento dado, tres de los García Romero (Álvaro, Juan José y Héctor) estuvieron condenados.
El grupo supo adaptarse y Piedad Zuccardi, esposa de Juan José,  y Teresita, hermana de ambos, heredaron las dos curules en el Senado. ¿Cómo un grupo que ha estado salpicado por tales escándalos ahora fortalece su poder? La respuesta es una: hicieron de la política un buen negocio. Esa capacidad que tienen de endosar votos indica que las curules no se consiguen por mérito personal, sino que son resultado de la empresa familiar. Y esas curules, a su vez, les dan influencia que les facilita obtener todo tipo de contratos con el Estado.
Un episodio que ilustra cómo se da esa combinación de política y negocios se dio cuando Juan José García todavía era senador y se vio salpicado con el escándalo del miti-miti de Telecartagena. En ese entonces, según una grabación que se hizo pública, le propuso al  designado gerente de esta empresa: “Tú y yo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo se va a manejar la burocracia y la contratación: a mí me parece que tú debes coger el 33 por ciento, nosotros cogemos el 33 por ciento y el resto lo dejamos a las circunstancias”.
Historia de un clan
La familia que ha marcado la política de los departamentos de Bolívar y Sucre en los últimos 30 años tiene su origen en los matrimonios de Juan José y Gabriel García Taboada, dos hermanos oriundos de Ovejas, Sucre, con las hermanas Maddy y Betty Romero, de El Carmen de Bolívar (a 10 kilómetros de distancia). Cada matrimonio tuvo ocho hijos apellidados García Romero. Los patriarcas, los García Taboada, dieron la pauta. Mientras Juan José se dedicaba a comercializar tabaco y era elegido diputado a la Asamblea de Bolívar, Gabriel, su hermano, se dedicaba a comprar y vender ganado y era elegido concejal de El Carmen. Así, en medio de la política y los negocios, educaron a sus hijos.
A finales de los setenta, los hijos del primer tronco familiar, el de Juan José y Maddy, comenzaron a figurar en la política. Juan José, el mayor, llegó al Senado en 1978 como suplente de Marún Gossaín, padre del actual gobernador de Bolívar. Y lo siguieron eligiendo hasta 1998 cuando se retiró antes de que se conociera la condena que le impuso la Corte Suprema a 42 meses de prisión por el desvío de auxilios parlamentarios. En Sucre, a su hermano Álvaro, el Gordo, lo nombraron alcalde de Ovejas. El Gordo fue muy hábil para decidir elecciones, al punto que le decían el mago de la Registraduría, en 1982 fue elegido representante a la Cámara por Sucre y desde entonces, hasta 2007, cuando fue capturado por parapolítica, estuvo en el Congreso. De su paso por el Capitolio se recuerda su desfachatado intento de sabotaje a la reforma agraria del gobierno de Barco cuando depositó varios votos en la urna y lo pillaron las cámaras de televisión. Y su salida al debate que le hizo Gustavo Petro cuando reconoció que era la primera vez que hablaba allí en diez años.
Del otro tronco familiar, el del matrimonio de Gabriel y Betty, se comenzó a destacar Gabriel Antonio García Romero. Fue concejal de Cartagena y en 1992 fue elegido alcalde, lo cual terminó consolidando el poder de la dinastía en la ciudad. Desde allí se gestó una de las jugadas más rentables para ellos al quedarse con un porcentaje del Puerto de Cartagena.
Ocurrió algo insólito. Tras la liquidación de los Puertos de Colombia, se entregaron en concesión sus instalaciones y el terminal portuario de Manga se convirtió, en 1993, con la Sociedad Portuaria de Cartagena, en el centro del poder económico y político de la ciudad. El distrito de Cartagena tenía derecho a suscribir 275.200 acciones (de las 3.670.000 que se emitieron) pero solo adquirió 43.019. El alcalde de entonces Gabriel García Romero ha dicho a la Justicia que el municipio no tenía dinero para comprar las acciones. Lo cual resulta por lo menos curioso pues, a 500 pesos cada una, solo valían 137 millones de pesos de la época. Pero él, además, recomendó que esas acciones las compraran entre otros Gerardo Rumié (quien es reconocido socio histórico de los negocios de los García Romero) y una firma llamada Tractores del Caribe. Tiempo después se descubrió que esta tenía como socia a Cecilia Buelvas, empleada doméstica de la mamá del exsenador Juan José García. Y en 1998 esas acciones de la doméstica quedaron en manos de Juan José y su esposa, la hoy senadora Piedad Zuccardi y sus hijos, a través de la sociedad Inversiones Cubita, de propiedad de García Zuccardi  S. en C. 
Para esa misma época, 1993, Héctor García Romero, hermano de Juan José y de Álvaro, se desempeñaba como gerente del Inurbe. Desde ese cargo, Tico García dejó lista la venta de los terrenos de Chambacú, los cuales le fueron después adjudicados a un consorcio en el cual él tenía el 15 por ciento y un tío de ellos, un 20 por ciento más. Mientras todo eso ocurría, El Gordo se hacía el dueño absoluto de Sucre eligiendo gobernador, periodo tras periodo, y Juan José, en Bolívar, hacía alianzas y mantenía cuotas tanto en el Distrito como en la Gobernación.
Los negocios
Desde que Gabriel Antonio terminó la Alcaldía abrió un gran frente de negocios para los García Romero: la salud. Hoy es propietario o socio mayoritario en varias IPS y EPS, así como en empresas proveedoras de insumos y medicamentos. Una de las sociedades es Sumecar constituida en 2000, y en la que hoy coinciden como socios el exalcalde Gabriel Antonio, su primo el exsenador Juan José y su esposa la senadora Piedad Zuccardi (a través de Inversiones Cubita con 14 por ciento), y su hijo Juan José García Zuccardi. Sumecar provee medicamentos y equipos quirúrgicos al Departamento Administrativo de Salud Distrital, Dadis; a la ESE Cartagena y a Caprecom, entre otras entidades públicas.
A eso se le suma que Gabriel Antonio también es socio mayoritario del Hospital Bocagrande de Cartagena y  tiene a su hermano Miguel Eduardo y a su hijo Gabriel Enrique García Sotelo como representantes legales de dos entidades (la Fundación Renal y la Fundación Renal de Colombia) que tienen contratos desde el Amazonas hasta la Guajira con EPS e IPS y prestan servicios de alta complejidad a Caprecom.
El hecho de que a los García Romero les vaya bien en los negocios no es ilegal. Sin embargo, lo que sí deja un mal sabor es que el nombre de la senadora aparezca registrado en sociedades que contratan con el Estado. Y también abre un gran interrogante la denuncia de un director de una IPS de la Costa Atlántica que publicó el portal La Silla Vacía en agosto pasado. Según el director, un grupo de personas le dijo que Caprecom le cancelaría el total de una deuda a cambio de que el hospital les diera como comisión a ellos un 25 por ciento del dinero. “Me dijeron que ellos conocían a los senadores que manejaban la Supersalud y Caprecom, y que podían lograr que a nosotros nos pagaran. Luego dijeron que quien manejaba estas dos entidades era la senadora Piedad Zuccardi”, dijo el director. En ese entonces la senadora se defendió diciendo que su nombre estaba siendo utilizado y que condenaba esa prácticas.
Tal vez por todo eso no resulta extraño que la senadora Piedad Zuccardi haga parte de la que se conoce coloquialmente como la bancada de la Salud en el Senado.
El otro gran frente del conglomerado García Romero es el de las obras públicas. En este rubro aparece el nombre de otro de los primos, Iván García Romero (a través de la firma Proyectos S.A.), en la concesión vial de Cartagena que comunica la Sociedad Portuaria en Manga con la Troncal de Occidente y es la primera vía en el país, dentro de una ciudad, que se paga con peajes.
SEMANA siguió el rastro de una sociedad, Promotora El Campín, que ha sido una de las contratistas favoritas para obras públicas, en teoría pequeñas, de gobernaciones y municipios, pero que juntas suman miles de millones de pesos. Si bien en su creación en 1998 no aparece ninguno de los García Romero, un año después quedó el 60 por ciento en manos del matrimonio García Zuccardi y de las matronas de la familia, Mady y Betty Romero de García. Esta firma, Promotora El Campín, además es propietaria de la mitad del Consorcio Regional Bolívar, que tiene contratos de obras para control de inundaciones y eléctricas en el país, y obtuvo títulos mineros durante los últimos años.
Otro episodio reciente muestra cómo operan en algunos casos los García Romero. En 2009, el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Galo Alfonso Torres, denunció que los esposos Juan José García y Piedad Zuccardi lo citaron en su apartamento para proponerle que firmara una prórroga del contrato de la construcción del acueducto del municipio y le ofrecieron 150 millones de pesos. La discusión llegó hasta la Casa de Huéspedes Ilustres, a donde los protagonistas fueron citados por el presidente Uribe, pero nada pasó, se perdieron los recursos y El Carmen sigue sin acueducto, aunque ha sido inaugurado cinco veces.
En los 200 años de historia republicana de Cartagena se pueden contar con los dedos de las manos las familias que han sido hegemónicas. En algunos casos, la hegemonía política ha sido consecuencia de la hegemonía económica, pero la fortuna personal tenía su origen en  negocios familiares, no como consecuencia del poder político. Eso es lo que ha cambiado la dinastía García Romero: la política se convirtió en factor generador de fortuna.
En Cartagena seguirá la tenaza de los García. Una vez el alcalde Campo Elías Terán, en marzo, complete 180 días de ausencia el gobierno nacional puede decretar la falta absoluta y convocar a elecciones. La familia García Zuccardi ya le apuesta a dos candidatos: Alberto Bernal y Jorge Mendoza Diago, ambos han sido gobernadores encargados. Y también tienen ya una nueva figura para continuar con su reinado: Juan José García Zuccardi sería el próximo senador en reemplazo de su mamá, Piedad Zuccardi, en las elecciones de 2014. 


http://www.semana.com/nacion/articulo/la-tenaza-garcia-romero/329344

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El agro sí se puede reformar

19 enero 2013

El agro sí se puede reformar

NEGOCIACIÓN

Un acuerdo sobre el primer punto de la agenda con las Farc, el complejo tema de la tierra, no es utópico.

León Darío Peláez / SEMANA

La semana pasada, las Farc pusieron sobre la mesa sus cartas para la negociación del tema agrario en las conversaciones con el gobierno en La Habana. Para sorpresa de muchos, tienen numerosas coincidencias no solo con las posiciones del gobierno sino con lo que este viene haciendo en el mundo rural y marcan importantes matices con las posiciones radicales y dogmáticas de esa guerrilla en el pasado.

Las Farc mantienen alto el volumen en Cuba. Mientras la delegación del gobierno pasa de agache ante los medios, a diario los guerrilleros se turnan en ruedas de prensa. Iván Márquez y Jesús Santrich, que llevan la voz cantante, convocaron al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo “a que comparezca” en La Habana; pidieron “voluntad para avanzar (y) propuestas claras” a la delegación oficial y declararon “un contrasentido y un mal augurio” que se avance en el Congreso con la Ley de Desarrollo Rural sin esperar acuerdos en la mesa ni atender a las contribuciones de la sociedad sobre el tema agrario. Y llamaron a refrendar los acuerdos sobre el agro con una Asamblea Constituyente. Esto llevó al ministro Restrepo a publicar un comunicado negándose a asistir, y a Juan Manuel Santos y su ministro del Interior a declarar que, aunque habrá algún mecanismo de refrendación popular de los acuerdos, una Constituyente se descarta.
Sin embargo, el ruido mediático y el discurso público de las Farc contrastan con los diez puntos que plantean para discutir el tema agrario. Como el propio Restrepo lo constató en su comunicado, parece aflorar un “tono menos retórico, más pragmático y más concreto por parte de las Farc”.
Tres cambios…
Para empezar, hay tres importantes diferencias entre los diez puntos de hoy y el discurso histórico de las Farc. Para ellas, el agro es el tema nodal del conflicto. Su programa fundacional, de 1964, es agrario. En él llaman a la confiscación del latifundio y así lo han ratificado en documentos posteriores, como en su plataforma para un gobierno de reconstrucción nacional, de 1993, y durante los diálogos en el Caguán, en 2000. Hoy, sin embargo, la propuesta de reforma agraria integral que leyó Márquez en Cuba habla de confiscar el latifundio “improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. Una idea con la que coinciden hasta los sectores más tibiamente reformistas en el país.
En segundo lugar, las Farc han abogado por que se expropie la propiedad extranjera de la tierra, en especial de empresas de Estados Unidos, y se prohiba venderla a compañías foráneas. Ahora, aunque insisten en esa prohibición, abren la puerta al “establecimiento de límites estrictos” a la compra de tierras por extranjeros, lo que, de hecho, la permitiría.
Por último, los guerrilleros ahora no solo hablan, como han hecho siempre, de denuncia de los tratados de libre comercio, sino también de su “revisión” si afectan la soberanía alimentaria, lo que implicaría que admiten la posibilidad de acuerdos comerciales.
Aunque aún está por verse cómo se concretan las discusiones en la mesa, estos tres cambios en las posiciones de las Farc no deberían pasar desapercibidos.
Puntos que se acercan…
Por otra parte, numerosas propuestas de las Farc coinciden con las posiciones del gobierno y con algunas de sus políticas en el campo y hacia las víctimas. Hay exigencias con las que pocos estarán en desacuerdo, como erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad en el campo, o que demandan solo voluntad política, no una revolución, como hacer programas nutricionales y de empleo y dotar al mundo campesino de infraestructura de educación, salud y vivienda.
La idea de “desganaderizar” una economía rural en la que 34 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería y menos de 5 millones a la agricultura, es, al menos en el papel, parte de las preocupaciones oficiales. Las Farc piden constituir un fondo con tierras inadecuadamente explotadas, baldías, producto del despojo o incautadas a los narcos. Tal fondo existe y se calcula que podría llegar a tener entre 2 y 3 millones de hectáreas, sin contar las del proceso de restitución de tierras.
Las Farc piden actualizar el catastro y hacer un censo rural. Esta idea había enfrentado dificultades presupuestales, pero la ha revivido el gobierno y seguramente el proceso en La Habana la dinamizará. Hablan de regular las economías extractivas y los grandes proyectos agrarios, ya no de prohibirlos, un clamor de sectores ambientalistas que han logrado influenciar la legislación en ese sentido. Piden proteger la economía campesina, promover la producción de alimentos y una política tributaria que castigue las tierras ociosas, en lo que coinciden casi todos los diagnósticos sobre el campo; o insisten en temas ya aceptados como el reconocimiento de los territorios colectivos de indígenas y afros (la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, entre otros, probablemente solo se presentará al Congreso después de eventuales acuerdos sobre el tema agrario en Cuba a causa de la demora en los trámites de consulta previa con esas comunidades, que manda la ley).
Estas y otras propuestas coinciden no solo con el gobierno sino con la posición de gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros que participaron en el Foro Agrario de diciembre, convocado por los negociadores. Quizá sea algo exagerado concluir, como lo hizo el portal La Silla Vacía, que “las promesas de Santos son el discurso agrario de las Farc”, pero es un hecho que, por más tropiezos que enfrenten, el reconocimiento de las víctimas, los planes de reparación y restitución de tierras y varios elementos de la política agraria y rural de este gobierno tienen muchas coincidencias con las demandas de la guerrilla.
…y no pocas dificultades
Todo esto hace pensar que un acuerdo en torno al tema agrario, el más complejo de la agenda, es posible. Sin embargo, no son pocas las dificultades.
La idea de reforma agraria de las Farc sigue siendo, pese a los cambios en su formulación, mucho más radical que la del gobierno, en especial su posición sobre el latifundio (Santrich dijo que el fondo de tierras debería tener unos 20 millones de hectáreas), y su desconfianza frente a la gran agroindustria contrasta de entrada con el que es uno de los grandes proyectos del gobierno, en la Orinoquia. 
Los diez puntos de la guerrilla también evidencian desacuerdos. Las Farc han hecho duras críticas a la Ley de Víctimas, a la de Desarrollo Rural y a los planes de titulación y formalización de la propiedad, todos los cuales, alegan, abrirían nuevas formas de despojo legal. Rechazan el llamado derecho de superficie, que contempla que quien haya adquirido de buena fe un predio que reclame una víctima pueda seguir poseyéndolo, aunque compartiendo sus ganancias con el reclamante. El tema de los TLC, con todo y matices, es un intocable para el gobierno. Las Farc piden dar al campesinado territorios colectivos como los de indígenas y afros, a lo que difícilmente accederá el Estado, más preocupado por las trabas que la consulta previa con esas comunidades le pone a sus grandes proyectos.
Las Farc deberán enfrentar en algún momento su responsabilidad en el despojo. En el proceso de registro, un tercio de las víctimas ha declarado que perdió su tierra a manos de los paramilitares, pero otro tercio sostiene que fue la guerrilla la que se las quitó. Con reclamos por 2,3 millones de hectáreas, las Farc deberían dar cuenta de unas 800.000. Algo que esta guerrilla niega como un invento perverso en su contra.
Las dificultades también están del lado oficial. Por más modernizante que pretenda ser el gobierno Santos, que tiene una base social menos rural que el uribismo, está por verse hasta dónde está dispuesto a meterle el diente en serio a la cuestión agraria y a pararse firme frente a poderosas élites regionales. Casi todo el mundo reconoce que uno de los déficits históricos de Colombia es que nunca se hizo una reforma agraria en serio. Este gobierno puede tener un discurso más progresista sobre el campo y decir a las Farc que en la legislación ya hay muchos avances. Pero, aun llegando a un acuerdo, pasar del papel a un cambio real en las condiciones de un mundo rural que es uno de los más pobres e inequitativos del planeta será una tarea colosal, en la que fracasaron (o a la que se negaron) todos los gobiernos de Colombia. 
El acuerdo sobre el tema agrario es posible. Pero aun si se logra, saldar la deuda con el campo colombiano es otra historia. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-agro-si-puede-reformar/330057-3

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Los ricos no crean empleos

El empresario estadounidense Nick Hanauer explica en este video, cómo las reformas tributarias actuales que buscan bajar los impuestos a los ricos, en aras de la creación de empleos, no sólo son una estrategia errada sino además ingenua.

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¿Las cuotas de los García Romero?

21 enero 2013

¿Las cuotas de los García Romero?

POLÉMICA

Estos son los cargos que tendría ese clan en la Alcaldía de Cartagena. Responde el alcalde.

Cartagena se ha convertido en un centro de escándalo cada vez que hay un nombramiento. No por las calidades de los nuevos funcionarios, sino porque por lo general la mirada está enfocada a si estos hacen parte del clan de la familia García Romero, el cual integran -entre otros- la senadora Piedad Zuccardi y su esposo, el exsenador Juan José García.
La semana pasada se presentó un nuevo escándalo en ‘La Heroica’ porque Otero nombró a Lester Concepción Romero Mercado nueva jefe de la oficina de Control Interno de la Alcaldía, un cargo de suma importancia pues vigila que los procesos administrativos se cumplan a cabalidad. A Lester la identifican como miembro de las huestes políticas de la senadora Zuccardi.
Hace pocos días SEMANA publicó un artículo titulado La Tenaza de los García Romero, donde se refirió ampliamente a los negocios y el poder que ha ostentado esta familia a lo largo de 20 años en la Costa.
En la denuncia se asegura que cerca de 13 cargos de la administración Distrital están en manos de ese grupo político. Veedores y periodistas en Cartagena le suman uno más a esa lista. Estarían el secretario general, Jorge Lequerica, así como Jorge Eliecer Rodríguez, jefe de la Oficina asesora jurídica. También hace parte de ese grupo la secretaria de Educación, Rosario Ricardo, excandidata a la Gobernación (hoy suspendida por la Contraloría por un contrato de aseo).
Los García se habrían hecho también al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte a cargo de Edilberto Mendoza; el Departamento Administrativo de Salud (DADIS), cuya cabeza es Tomás Rodríguez, y en la Tesorería fue nombrada Judith Paola Flores.
También Rubby Salas Contreras está al frente de la Secretaría de Servicios Públicos; José López Amaris, en Transcaribe, y, en Edurbe, José Ramón Expósito (cuñado de Carlos Felix Monsalve, diputado de Piedad Zuccardi y hermano de Mario Félix, contralor distrital).
Pero no todo se ha quedado en el escándalo por las cuotas burocráticas de esta familia. El tema se ha extendido a fallas administrativas que le han podido acarrear detrimentos económicos al Distrito.
Representantes gremiales que hablaron con Semana.com recuerdan el caso de Diana Figueroa, exjefe de la oficina asesora de servicios públicos de la Alcaldía. Ella terminó salpicada por un escándalo por haber tramitado una millonaria prórroga ilegal por tres años, a dos empresas  que tienen la concesión del manejo del sistema de aseo de la ciudad.
Tras conocerse ese hecho, concejales y periodistas pusieron el grito en el cielo y la prórroga se echó para atrás y Diana fue retirada del cargo. La exfuncionaria era de las entrañas de la casa Zuccardi y por eso en Cartagena se hizo famosa una fotografía donde ella aparece sumisa ante las indicaciones de la senadora en una reunión política.
Pocas veces la familia García Romero, en especial la senadora Zuccardi, responde por estos cuestionamientos. Sin embargo, el 23 de octubre del 2012, la congresista se decidió y dejó una constancia en el Senado en la que respondió a los informes de prensa que la han vinculado con la administración del alcalde Campo Elías Terán.
La congresista del partido de La U aseguró no estar relacionada con nombramientos, encargos ni renuncias en la administración de Cartagena. Su constancia pasó inadvertida, pero en Cartagena calificaron este hecho como una típica ‘lavada de manos’.
En Cartagena nadie puede hacer nada con el asunto, pues los nombramientos no revisten ilegalidad alguna, pero sí tienen con los pelos de punta a buena parte de la ciudadanía, que no entiende cómo el Distrito sigue lleno de personas cercanas al clan García, que ha hecho de la política su negocio pero que “poco le han dejado a la ciudad”.
En una reciente columna de opinión de la revista Metro, el reconocido escrito Óscar Collazos anota: “La actual Alcaldía de Cartagena es una maquinaria aceitada ahora por la bendición del presidente Santos, necesitado para su reelección del feudo electoral de esta familia, como lo estuvo Uribe Vélez durante sus dos períodos, cuando la Dama era pieza de lujo del partido de la U y apoyó la campaña de Campo Elías. Eso se llama: no dar puntada sin dedal”.
Semana.com se comunicó con el alcalde Otero, quien aseguró que a algunos de los funcionarios los encontró en sus cargos y a otros los nombró por tratarse de buenos profesionales que no están ligados al clan García. “Algunos los encontré y otros los traje por ser de mi entera confianza. Ninguno de ellos tiene vínculos con el grupo del que me habla”, dijo Otero.

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuotas-garcia-romero/330328-3

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